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Cantabria

Martín propone abrir comercios, talleres, concesionarios e ITVs a partir del 11 de mayo

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El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha anunciado en el Parlamento de Cantabria su propuesta de abrir los comercios, los talleres, concesionarios y las ITVs a partir del próximo 11 de mayo, además de otras medidas de desescalada del confinamiento aplicadas a la rehabilitación de viviendas para autónomos, uso del transporte público por carretera y la actividad de Administración Pública.

 

Martín, que se ha declarado "voluntarista de la apertura del confinamiento, pero poniendo por delante la seguridad de los trabajadores y usuarios", ha presentado ante la Comisión de Seguimiento del COVID-19 del Parlamento de Cantabria el plan de acción con medidas de emergencia contra el coronavirus con una inversión de 53 millones de euros, pero que considera "un parche" si no se respalda con el apoyo económico del Gobierno de España, la Unión Europea y la autorización para recurrir al endeudamiento.

El consejero de Industria ha planteado una hoja de ruta de desescalada progresiva que pueda orientar a los comerciantes y al resto de trabajadores implicados. El primer objetivo que ha marcado es conseguir que la curva de contagio baje de manera clara, y en ese sentido ha recordado que la Consejería de Sanidad anunció el sábado pasado que Cantabria cumple con las condiciones de una desescalada y hay que tomar medidas de reapertura.

Entre las pinceladas que se proponen desde la Consejería, Martín ha recordado que a nivel industrial la actividad manufacturada no está limitada, siempre que no se preste servicio directo al público, y las que no lo están es por falta de pedidos o por falta de suministros. Todo ello se regularizará en el momento en el que las demás actividades asociadas se reactiven. En esto casos se tienen que aplicar una serie de normas para el empleo de las EPIs y las distancias laborales que permitan que no se produzca un contagio.

Con respecto a las ITVs y talleres, Martín ha considerado importante su función en la seguridad vial. "Por eso nosotros recomendamos la reapertura inmediata", ha dicho Martín que ha planteado diversas alternativas de seguridad, como que el conductor no salga del vehículo, de la misma forma que los operarios no entren en él. Además, tanto usuarios como empleados tendrán que llevar mascarillas, guantes y a partir de la reapertura de las ITVs, establecer una prórroga de seis meses para ponerse al día y evitar que se produzcan acumulaciones inmediatamente después de la apertura. Lo mismo en los talleres y concesionarios limitando la ocupación máxima y el empleo de mascarillas y guantes.

Con respecto a la actividad comercial, Martín ha planteado una apertura a partir del 11 de mayo limitando el aforo máximo del comercio en función de su tamaño, con una distancia de seguridad de 1,80 metros (unos 10 metros cuadrados), de tal manera que el aforo máximo sería el tamaño del local en metros cuadrados dividido por diez, con el uso de mascarillas y guantes para los clientes y empleados, así como disponiendo de geles desinfectantes a la entrada. Martín también considera necesario que los locales se desinfecten todos los días, así como los productos que se manipulen, igual que los probadores, que tendrán que desinfectarse después de cada uso y que habría que aplicar a los sistemas de pago automáticos.

En cuanto al transporte público el consejero ha propuesto un restablecimiento de las frecuencias y rutas previstas garantizando la distancia entre el conductor y los viajeros con la entrega ya realizada de 750 mamparas ligeras para taxis y VTC que separarán los habitáculos de ambos. Se establecerá en una primera fase la limitación de dos clientes por cada taxi y el 50 por ciento de la capacidad de los autobuses, también aislando al conductor del resto de los pasajeros y obligando el uso de mascarilla y guantes, excepto para el conductor que sólo lo usará para el cobro, no para la conducción si así lo desea el chófer, y la instalación de los medidores de temperatura en las estaciones de autobuses que tengan control de acceso con puertas, medidores que ya están licitados y adjudicados y que sólo falta que se suministre para que sean instalados.

Con respecto a la rehabilitación de viviendas, Martín ha recordado que hay 3.000 autónomos en casa motivados principalmente porque las obras generan uso de zonas comunes en los edificios de vivienda. El consejero entiende que es un problema que se puede solventar en los casos en los que la acometida de materiales se realice por medio de una grúa o elevador externo, y cuando existan dos elevadores, que uno de ellos se use exclusivamente para el traslado de los materiales, o bien, si se cuenta con un conserje en el edificio que éste pueda organizar el acceso de los trabajadores y desinfecte las zonas comunes. En esos casos, la Consejería propone que se requiera el permiso de la comunidad de vecinos. También que se autoricen los casos en los que sólo se necesite una única visita por parte del autónomo.

Con respecto a las actividades de la Administración, una vez controlada la escalada del virus Martín propone retomar el trabajo presencial, siguiendo los criterios de seguridad que marque Función Pública, para lo que se ha solicitado a todas las Consejerías un estudio de los puestos de trabajo, sobre todo aquéllos que requieren atención al público, que deberán tener mamparas, mascarillas, distancia social, disponibilidad de gel desinfectante y evidentemente manteniendo el teletrabajo para los que no se requiera la presencia física. También propone que se retome computar los plazos administrativos paralizados (órdenes, resoluciones, etc) que están paralizados y es necesario reactivar los cómputos, sobre todo en los supuestos de las ayudas.

El consejero ha calificado la situación de Cantabria con respecto a la crisis sanitaria como "muy preocupante", aludiendo al estudio del Grupo de Economía de la Salud y Gestión del Servicio Sanitario, adscrito al departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, en colaboración con el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, alerta que las compañías en peligro de cierre por culpa de la pandemia sanitaria y la convulsión coyuntural supone una pérdida cerca de 2.000 millones de euros del PIB de Cantabria y pone en riesgo más de 31.000 empleos.

Desde esta perspectiva Martín ha presentado el plan de acción con medidas de emergencia para apoyar a las empresas de Cantabria que bajo la denominación de 'Resiste Cantabria' ha elaborado la Consejería con una inversión de 53 millones de euros.

El programa consta de 5 líneas de trabajo basadas en la información y asesoramiento, alivio de cargas empresariales, acceso a la liquidez, ayudas directas y aceleración de pagos comprometidos por el Gobierno de Cantabria.

El plan de acción tiene como línea más importante y sólida la referida a las ayudas directas a las empresas, donde está previsto invertir 38,7 millones de euros. En el proceso de adaptación de las ayudas de la Consejería algunos programas han experimentado modificaciones drásticas bajo el prisma de la realidad actual, y sus partidas económicas y objetivos han sido reorientados en cuanto a sus finalidades y prioridades.

La relación de esos programas son INNOVA COVID-19 (4 millones de euros), donde además de la priorización territorial de proyectos en las comarcas del Besaya y Campoo, se priorizarán los proyectos que se enmarquen en las líneas sectoriales del RIS3, entre las que se incluyen automoción y la industria de la bioeconomía y la salud; INNOVA PLUS COVID-19 (150.000 euros), orientada a promover el desarrollo en materia de I+D+i; Cheque de Innovación COVID-19, que aumenta su dotación en un total de 500.000 euros, con la novedad que incluye como prioritario el desarrollo del teletrabajo; el Fomento de la I+D frente al COVID-19 (3,2 millones de euros), con diferentes ayudas destinadas al desarrollo de actividades de I+D, así como actividades innovadoras en las que se puedan incluir la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías; Creación de empresas y emprendimiento tras el COVID-19 (1,4 millones de euros), con el objetivo de promover el carácter emprendedor, generar servicios e INDUSTRIA 4.0 COVID-19 (1,2 millones de euros), para impulsar proyectos de digitalización industrial que sean de utilidad y que mantengan empleo y actividad.

Continuando con la relación de programas de ayudas, la Consejería de Industria también ha variado el Plan RENOVE EFICIENTE (1,2 millones de euros) para mantener el impulso que originó su implantación a primeros de año y que prolongará su vigencia desde el mes de abril, hasta noviembre de 2020.

También se pondrá en marcha el Plan de Acceso a Suelo Industrial post COVID-19 (1,5 millones de euros) a través de ayudas a la financiación de la compra y plazos de carencia en al pago; el Plan de Fomento de la Banda Ancha y Acceso al Teletrabajo COVID-19 (500.000 euros), un programa de subvención a los ayuntamientos de Cantabria incluidos en la lista de "zonas blancas" de acceso a la banda ancha, que permitirá a los vecinos de la Cantabria rural acceder a redes generales de conectividad por banca ancha y al teletrabajo; el Plan de Infraestructuras y servicios TIC. Teletrabajo y Ciberseguridad (600.000 euros), dirigido a autónomos y PYMEs, para ayudar a las empresas a automatizar las tareas, fomentar el uso de dispositivos móviles, facilitar la adquisición de equipos que permitan realizar trabajo colaborativo, acceder a distancia a información clave para la empresa y equipos en modo remoto y el Plan de Nuevos Mercados COVID-19 (3,1 millones de euros) para impulsar la apertura de nuevos mercados hacia los nuevos códigos comerciales, tratando de paliar, a través de ayudas y subvenciones, las consecuencias negativas del COVID-19 en el tejido empresarial.

Industria también tiene previsto poner en marcha programas específicos contra el COVID-19, como el Cheque Resistencia para autónomos y micropymes (10 millones de euros) que se han visto obligados a cerrar por el Real Decreto de 14 de marzo, que ya está implantado para sufragar gastos generales y que contará con el apoyo al resto de autónomos unipersonales con 9 millones más.

También se apoyará al resto de autónomos unipersonales para sufragar los gastos generales (Cuotas y mutualidades) mediante tarifa plana de 286,15 euros, equivalente a las cuotas sociales de un mes, para todos los autónomos que hayan tenido unos beneficios menores de 30.000 euros en el ejercicio de 2018. El número teórico de beneficiarios es de 30.000 y cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros. En esta ayuda también se incluyen los mutualistas. SODERCAN está terminando de redactar las bases de la ayuda que se pondrá en marcha lo antes posible.

Otras son para la recuperación del comercio de proximidad (2 millones de euros); el refuerzo y aseguramiento del sistema público de transporte por carretera durante el confinamiento (422.000 euros) que tendrá en cuenta ayudas contra el contagio para el taxi, instalación de medidores automáticos de temperatura corporal en los accesos de las estaciones de Santander y Torrelavega y el refuerzo del sistema de transporte por carretera durante el periodo de confinamiento.

Las medidas también contemplan información y asesoramiento (80.000 euros) para contestar a cuantas cuestiones puedan plantear las empresas referidas a los suministradores de EPIs, interpretación de las diferentes normativas establecidas contra el COVID-19 y ayudas económicas.

Otra de las líneas es el alivio de cargas empresariales estableciendo moratorias en los pagos de las obligaciones contraídas por las empresas con el Gobierno de Cantabria que afectan a los alquileres de SICAN y CITRASA

Con respecto al acceso a la liquidez y en colaboración con las entidades financieras y el Gobierno de España, el de Cantabria trata de apoyar el acceso de autónomos, Pymes y grandes empresas a la liquidez para circulante mediante una serie de préstamos y programas como préstamos participativos START-UP (1,5 millones de euros), Programa CONVIERTE (2 millones de euros) y Programa de recuperación de empresas (2 millones de euros).

Finalmente, se llevará a cabo una aceleración de pagos comprometidos por el Gobierno de Cantabria a las empresas desbloqueando la tramitación, adjudicación y pago de programas en vigor y ya iniciados.

Antes de la reunión de la Comisión se guardó un minuto de silencio por los fallecidos por el COVID-19 y se aplaudió en reconocimiento a los profesionales que luchan contra la pandemia en Cantabria.