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Cantabria

Gobierno, patronal y sindicatos firman el Acuerdo del Diálogo Social de Cantabria ante el COVID-19

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El Gobierno autonómico, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT han suscrito el Acuerdo de Diálogo Social de Cantabria ante el COVID-19, que recoge una serie de medidas, por valor total superior a los 90 millones de euros, para garantizar la protección sanitaria frente a la pandemia, apoyar a las personas más vulnerables y fomentar el empleo y la actividad económica en la Comunidad.

 

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Carlos Sánchez y Mariano Carmona, respectivamente, han firmado el documento en el transcurso de una reunión en la que también han estado presentes, en representación del Ejecutivo cántabro, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez; de Economía, María Sánchez, y de Industria, Francisco Martín.

El acuerdo contempla dos fases de ejecución. En la primera de ellas se crea el Fondo Sanitario COVID-19, dotado con casi 50 millones de euros, y se pondrán en marcha medidas para garantizar la renta de personas y hogares y una serie de actuaciones de reactivación y mantenimiento de la actividad económica en la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la segunda fase consistirá en un plan de reconstrucción con medidas encaminadas a impulsar la actividad en los diferentes sectores sociales de la región, tales como el empleo y las políticas activas, la industria, el comercio, el turismo, el sector primario y la cultura, así como en la educación universitaria, la investigación, las políticas de mujer, la brecha digital entre los distintos territorios y la inversión pública.

Revilla ha destacado la importancia de que los representantes de los trabajadores, de los empresarios y el Gobierno de Cantabria hayan alcanzado este acuerdo para hacer frente a lo "imprescindible" en estos momentos: en primer lugar, reforzar el sistema cántabro de salud ante el "golpe brutal de coste" que está recibiendo para garantizar la atención sanitaria a todos los ciudadanos; en segundo lugar, asegurar la renta de los hogares de Cantabria que se encuentran en una "situación preocupante de subsistencia" por la falta de ingresos y, en tercer lugar, relanzar la economía con medidas apoyo a los autónomos, a las pymes y al conjunto del sector productivo.

"Tenemos que intentar alcanzar consensos que nos permitan afrontar con unidad esta etapa tan difícil que tenemos por delante y este acuerdo que acabamos de firmar es un hecho importante", ha dicho Revilla, que ha felicitado por ello a las organizaciones sociales y a la patronal.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que este documento representa un "primer paso" para hacer frente a esta situación excepcional, aunque ha reconocido que por sí mismo no resultaría "suficiente" sin la ayuda de Europa y del Gobierno de España, que espera llegue próximamente.

Por otro lado, se ha referido el plan de desescalada anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan que ha calificado como una "buena noticia" y que está alineado con la postura que viene defendiendo Cantabria de que no solo hay que tener garantías para vencer al COVID-19, sino que también hay que adoptar medidas para que las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria no sean "irreparables".

Para Revilla, es una "buena noticia" empezar a hablar de un horizonte temporal de vuelta a la normalidad a partir del mes de junio, pero considera necesario sentar ahora las bases de la recuperación para estar preparados para "el día después".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha subrayado la "capacidad de acuerdo y de entendimiento" entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal, "en este momento de gravedad", para llegar a un pacto común que "pone sobre la mesa medidas para sacar adelante a las economías familiares más vulnerables, blindar el sistema sanitario público y dar comienzo a una vía de recuperación económica con ayudas para autónomos, empresas y micropymes".

"Creo que no hay mejor manera de celebrar el próximo 1 de mayo que un acuerdo como éste para relanzar la economía. Es un buen acuerdo y una buena noticia", ha asegurado el vicepresidente.

Además, Zuloaga ha considerado que el Gobierno tiene que intensificar sus esfuerzos "para que esas medidas lleguen cuanto antes a quienes más lo necesitan" en esa fase de desescalada que ayer dio a conocer Pedro Sánchez y que, en su opinión, "recoge en buena medida muchas de las propuestas que el Gobierno de Cantabria había lanzado".

Tanto los secretarios generales de CCOO y UGT como el presidente de CEOE-CEPYME han coincidido con el Gobierno en la idoneidad de afrontar esta crisis unidos. Carlos Sánchez y Mariano Carmona han destacado la trascendencia de este acuerdo, que han considerado "un primer paso" al que deberán seguir más medidas, con financiación de la UE, para hacer frente a la reactivación económica y social tras la pandemia.

Concretamente, Carmona ha mostrado su satisfacción tras la firma de este pacto, "en apenas una semana" y en un contexto "muy difícil y nuevo para todos". "Es un muy buen escenario y, sin duda, lo van a percibir los trabajadores y trabajadoras de la región, y lo van a notar las administraciones", ha asegurado el máximo responsable de UGT Cantabria.

Desde CCOO, Carlos Sánchez ha valorado que se trata de un acuerdo global y flexible, con capacidad de movilizar recursos desde unas áreas a otras y de ser complementado con vías de financiación adicionales, y ha puesto el acento en una segunda fase de desescalada y recuperación de actividad económica y laboral, que prevé en verano, para que "todo empiece a remontar" en otoño.

Finalmente, el presidente de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, ha definido como "lógico y coherente" este acuerdo que incluye "medidas hacia las personas y medidas escudo hacia las empresas y autónomos" para paliar el impacto inicial de la pandemia, pero que tiene que reforzarse más adelante con otro tipo de iniciativas que permiten volver a la situación anterior al COVID-19.

Entre las medidas urgentes que contempla la primera fase del Acuerdo de Diálogo Social, destaca la creación del Fondo Sanitario COVID-19, dotado con 49.800.000 euros para aumentar de manera sustancial la disponibilidad presupuestaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para poder hacer frente con máxima garantía a los gastos sanitarios del coronavirus en Cantabria.

La mayor parte de este fondo extraordinario irá destinado al suministro de medicamentos y adquisición de material, el refuerzo del personal y la habilitación de nuevos espacios sanitarios, especialmente en materia de equipos de asesoramiento científico.

De igual forma, se pondrá en marcha una serie de actuaciones para garantizar la renta de personas y hogares con el doble objetivo de mitigar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar que ningún ciudadano se quede atrás.

Así, destaca la partida de 6.975.000 euros en ayudas destinadas a mejorar las rentas de las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de tal manera que se establece una ayuda de 200 euros por persona y mes completo de suspensión, que se abonará de menor a mayor base reguladora de la prestación por desempleo y hasta agotar la dotación prevista.

Por lo tanto, las primeras personas en recibir la ayuda serán aquellas con menor prestación por desempleo, estableciéndose un pago único para este mes, sin perjuicio de que pueda estudiarse la extensión de este tipo de ayudas para aquellas personas afectadas por ERTEs que se hubieran alargado de manera significativa en el tiempo, siempre y cuando llegaran fondos adicionales por cualquier vía.

Con el objetivo de reforzar la protección a la familia y salvaguardar a las niñas y niños de la pobreza infantil, se establece un complemento a las personas beneficiarias de la Renta Social Básica (RSB) en función del número de hijas o hijos a su cargo.

Tendrá una dotación de 1.600.000 euros para atender a aquellas familias perceptoras de la RSB con hijas o hijos menores de 18 años, durante 6 meses y por una cuantía de 75 euros por mes e hijo. Se trata de una medida que afectará a 2.066 niñas y niños de Cantabria.

También habrá una partida de 1.900.000 euros en ayudas a los alquileres de la vivienda habitual. Podrán acogerse a estas ayudas aquellos arrendatarios que se identifiquen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida como consecuencia del COVID-19.

Además, se garantizará el suministro de comida a aquellos alumnos que disfrutan del servicio de comedor escolar a domicilio, para lo cual se ha destinado una partida de 380.000 euros. Se trata de una medida que ya ha sido puesta en marcha por el Gobierno de Cantabria y que afecta a aquellos alumnos que disfrutan de un descuento superior al 75% en el precio diario del servicio de comedor escolar entre el 24 de marzo y hasta el final del periodo lectivo, incluyendo Semana Santa. Hasta el momento se han beneficiado más de 1.300 alumnos.

En materia educativa, se destinan otros 200.000 euros para contribuir a la extensión de la enseñanza online mediante la adquisición de ordenadores, routers inalámbricos y tarjetas de datos. Esta iniciativa pretende mejorar la formación del alumnado y asegurar que todos ellos, especialmente en las etapas superiores, dispongan de equipos y acceso a internet para poder seguir las actividades docentes.

De igual forma, se han habilitado ayudas, por importe de 1 millón de euros, para paliar la situación económica y la reducción de ingresos de las personas trabajadoras que ejercen el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal, recurriendo a la excedencia o la reducción de la jornada de trabajo.

Dentro del paquete de medidas para la reactivación y mantenimiento de la actividad económica, el plan recoge la creación de un fondo de apoyo municipal, con una dotación inicial de 8 millones de euros extraídos, principalmente, del Fondo de Cooperación Municipal y que se destinarán a cubrir los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria, a la prestación de servicios básicos dirigidos a la población y, en último término, a obras y actuaciones de carácter local o comarcal. Asimismo, se destina 1 millón para incentivar la contratación en las empresas, con el requisito de que hasta el 31 de diciembre de 2020 no hayan reducido sus plantillas y realicen nuevos contratos de trabajo de al menos un año de duración.

El documento recoge, además, el denominado 'Cheque de Resistencia', destinado a los autónomos y micropymes que tuvieron que cerrar por el Real Decreto de 14 de marzo, con una consignación inicial de 10 millones de euros, y el 'Cheque de Autónomos', que desarrollará SODERCAN y está dotado con otros 9 millones para subvencionar el equivalente a una cuota mensual de autónomos unipersonales (283,31 euros).

También está contemplado el aplazamiento de los pagos por alquiler o compra en la empresa pública SICAN y la exoneración del pago por aparcamiento a transportistas en CITRASA.

Para asegurar el sistema público de transporte por carretera, el Gobierno subvencionará íntegramente el coste de la adaptación de los vehículos para reducir el riesgo de contagios tanto en autobús como en el taxi.

Para el sector primario, el acuerdo contempla la implementación urgente de ayudas por valor en conjunto de 1,1 millones de euros, destinados al sector pesquero, a los subsectores del ovino, caprino y de carne de vacuno, y para apoyar a los productos y alimentos de Cantabria. Se prevén campañas de promoción para incentivar la compra de alimentos de Cantabria en colaboración con supermercados y grandes superficies y su incorporación en los menús de los centros públicos, así como el fomento de la compra por parte de las administraciones públicas para su donación a entidades de colaboración social.

Al margen de la dotación económica total del acuerdo, hay otra batería de medidas relativas a la ampliación de plazos y fraccionamiento del pago de los impuestos autonómicos, con un impacto calculado de 28 millones de euros para las arcas autonómicas, más otros 12 millones correspondientes al canon de agua residual.

Por otro lado, se ha diseñado una serie de medidas urgentes para fomentar la actividad económica, entre las que se incluye una línea de avales de 20 millones de euros destinados a las PYMES y autónomos, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca (SOGARCA), para que puedan hacer frente al pago de salarios, proveedores y gastos corrientes, así como apoyar la financiación mediante líneas de avales del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), con una ampliación de la garantía de la línea ICO en un 10%.

Además, se van a agilizar los pagos del Gobierno de Cantabria, tanto a personas físicas como jurídicas, y la Administración mantendrá las tramitaciones, firma de contratos, celebración de mesas de contratación etc., para garantizar el normal funcionamiento de las actividades empresariales y como garantía del más amplio escudo social y económico puesto frente al COVID-19.

Los participantes en la Mesa del Diálogo Social se han comprometido a trabajar de forma conjunta en una segunda fase de reconstrucción que contempla la incorporación de las diferentes asociaciones sectoriales de empresarios, con el objetivo de seguir llegando a acuerdos en los diferentes sectores productivos y empresariales que permitan dinamizar la economía de la región.

Esta segunda fase incluye la práctica totalidad de las materias del diálogo social y recoge el compromiso de desarrollar estudios y propuestas para reducir la brecha digital y de género, y otras iniciativas de inversión pública en saneamiento, vías y obra pública.

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