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Cantabria

El Gobierno pide a los grupos parlamentarios unidad para hacer frente a la COVID-19

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El Gobierno de Cantabria ha pedido hoy a los grupos políticos con representación parlamentaria unidad política para hacer frente a la crisis del coronavirus y para consensuar soluciones que permitan a la Comunidad Autónoma salir cuanto antes de esta situación y minimizar el impacto de la pandemia tanto en las familias como en el tejido productivo regional.

 

La petición la han realizado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, en el transcurso del encuentro que han mantenido, junto con la consejera de Economía, María Sánchez, con integrantes de todos los partidos del arco parlamentario para presentarles el plan de choque que ha elaborado el Ejecutivo cántabro y solicitar sus aportaciones.

La reunión se ha celebrado en la sede del Parlamento regional y, en representación de los partidos políticos, han asistido María José Sáenz de Buruaga (PP), Félix Álvarez (Cs), Cristóbal Palacio (Vox), Pedro Hernando (PRC) y Noelia Cobo (PSOE).

Revilla ha apelado a las fuerzas políticas a "dejar de lado la lucha partidista" y "arrimar el hombro" en una situación de "absoluta excepcionalidad" donde "está en riesgo la supervivencia de Cantabria y de España". El presidente ha llamado a todos los parlamentarios autonómicos a alcanzar un pacto y emplear "de la mejor manera posible" los recursos propios de Cantabria y los que confía en que vengan de Europa en los próximos meses.

"No podemos dejar tirado a nadie en esta coyuntura. Tenemos que hacer unas líneas de actuación en las que tenemos que coincidir todos. Yo me voy a empeñar en ello y lo voy a intentar con todas mis fuerzas", ha dicho.

El presidente ha visto un "bueno tono" por parte de los grupos y ha anunciado un nuevo encuentro la próxima semana para que los diputados tengan tiempo de estudiar el plan y realizar sus aportaciones: "Habrá cosas que seguramente aceptaremos y otras que nos parecerá que no, pero el consenso no es estar de acuerdo en todo, sino en lo importante", ha concluido.

Por su parte, Pablo Zuloaga ha propuesto un "gran acuerdo" a las fuerzas políticas de Cantabria, "que es lo que nos pide la ciudadanía en estos momentos", y ha señalado que el objetivo del Gobierno es "buscar un gran respaldo político y también un gran respaldo social, a través de la Mesa de Diálogo social, para salir de esta todos juntos".

En este sentido, el vicepresidente ha subrayado el "planteamiento constructivo" que se desprende de la reunión de hoy con los grupos políticos en torno a este plan de choque que, según ha explicado, presenta tres grandes líneas de actuación: sostener el sistema sanitario para atender la salud de las personas, proteger la renta de las familias y fomentar la recuperación económica de Cantabria.

Zuloaga ha señalado que el documento contiene medidas de apoyo para los diferentes sectores de actividad y pone el foco, fundamentalmente, en los trabajadores que han perdido sus ingresos o parte de ellos y también en los autónomos y las pymes cántabras.

Tal y como anunciaron el pasado viernes el presidente y el vicepresidente, al término de la reunión del Consejo de Gobierno en la que se dio el visto bueno al documento, el Ejecutivo cántabro quiere recabar las aportaciones tanto de las organizaciones sindicales y empresariales que participan en la Mesa del Diálogo Social como de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, el objeto de sumar apoyos a una iniciativa que aspira a ser representativa y a contar con el respaldo del conjunto de la sociedad regional.

Revilla y Zuloaga han informado a los miembros de las distintas fuerzas del contenido de un plan que moviliza 308,3 millones de euros procedentes de la reestructuración del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020 y que se estructuran en 3 grandes bloques fundamentales, el apoyo a las personas, el fomento de la actividad económica y medidas de carácter fiscal, para los que se han consignado 74,6, 193,6 y 40,1 millones de euros, respectivamente.

Dentro de la primera de estas líneas de actuación destaca la creación del Fondo Sanitario COVID-19 para el suministro de medicamentos, la adquisición de material sanitario, el refuerzo del personal y la habilitación de nuevos espacios sanitarios, por importe de 51,8 millones de euros, mientras que los 22,8 millones restantes tienen como finalidad garantizar la renta de las personas y los hogares, con medidas como el complemento de la prestación a los afectados por un ERTE.

Concretamente, el Gobierno aportará una ayuda de 150 euros para los trabajadores afectados con suspensión de contrato y que no tengan complemento por parte de sus empresas, y también abonará 75 euros al mes por hijo menor a las familias que reciben la Renta Social Básica.

Además, el Ejecutivo destinará 1,9 millones de euros a ayudas al alquiler de la vivienda habitual y Educación continuará con el servicio de comedor escolar que llega a 1.300 hogares de Cantabria y destinará 200.000 euros a la adquisición de ordenadores, routers inalámbricos y tarjetas de datos para garantizar la formación online del alumnado.

El plan también contempla 700.000 euros adicionales para la universidad y la investigación, 2 millones de euros para la cultura y el deporte, 8 millones para los ayuntamientos con cargo al Fondo de Cooperación Municipal y 1 millón en ayudas económicas para para personas trabajadoras que ejercen el derecho a la reducción de jornada.

La segunda de las líneas de actuación persigue el fomento de la actividad económica, con un acumulado presupuestario cercano a los 200 millones de euros. El programa Cantabria Resiste, con 45,3 millones de euros de inversión, integra todos los programas de apoyo empresarial e industrial para apoyar al tejido cántabro a superar los efectos del COVID19.

También forma parte de este plan de choque el Cheque de Resistencia, dotado con 10 millones de euros para ayudar a los autónomos y las micropymes que han cesado su actividad desde que entró en vigor la declaración del estado de alarma, así como el Cheque de Autónomos para los autónomos unipersonales que no pudieron acogerse a la medida anterior. Según recoge el documento, se va a aplicar una tarifa plana de 283,31 euros, equivalente a las cuotas sociales de un mes, que percibirán todos los autónomos con unos beneficios menores a 30.000 euros en el ejercicio 2019.

Para contribuir a relanzar el turismo, el Ejecutivo destinará 8,3 millones de euros para ayudas directas a las empresas del sector, poner en marcha una campaña publicitaria para reducir la caída de la demanda y financiar descuentos en servicios turísticos gestionados por la empresa pública Cantur y otro tipo de promociones.

El sector primario, por su parte, contará con 1 millón de euros más para complementar las ayudas estatales, habilitar nuevos canales de venta de productos cántabros y paliar el impacto de la crisis sobre la flota pesquera y las empresas del ámbito de la acuicultura.

El ICAF y Sogarca implementarán medidas de apoyo a la financiación de empresas y autónomos con dos líneas de avales, por valor de 130 millones, y otros 2 millones para subvencionar el coste del aval y financiero, condicionado al mantenimiento del empleo. Igualmente, se fomentará la inversión pública a través de empresas y autónomos, a lo que destinará 7 millones de euros y se destinarán otros 2 millones de euros para recuperación del comercio de proximidad, entre otras medidas.

Por último, en cuanto a las medidas de apoyo en el ámbito tributario y de tesorería, que suman 40,1 millones de euros, se van a ampliar los plazos de pago de los impuestos autonómicos (Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones, entre otros) y del canon de saneamiento del segundo trimestre, que debía realizarse en julio y se hará en noviembre. Además, no se van a reclamar los intereses de demora en el pago de tributos propios y se agilizará el pago a proveedores.

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