Torrelavega
ACPT rechaza que el Ayuntamiento siga el procedimiento legal para reclamar impagos y apuesta por “mediar” con el deudor
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- Publicado el Miércoles, 22 Abril 2015
- Escrito por HoyTorrelavega
ACPT rechaza que el Ayuntamiento de Torrelavega siga los procedimientos legalmente establecidos para reclamar las deudas tributarias de ciudadanos, familias y entidades con el Consistorio y exige que se limite a "mediar" e "intentar llegar a un acuerdo" de pago, en las cantidades que el deudor pueda afrontar.
"No comulgamos con el procedimiento", ha asegurado el portavoz de ACPT, Iván Martínez, para reiterar su oposición a que el Ayuntamiento haya reclamado a una familia de Torrelavega una deuda de 3.245 euros por impagos de tasas de agua desde 2008 y del IBI desde 2011 y les haya notificado el procedimiento de embargo, como establece el reglamento en estos casos.
Aunque ACPT denunció públicamente la pasada semana que esta notificación ponía a la familia en riesgo de perder su vivienda. El equipo de gobierno ha explicado que se ha seguido el procedimiento reglado en Tesorería para garantizar que si se vende el piso o pasa a propiedad de un banco el Ayuntamiento pueda reclamar la deuda, pero en ningún momento haya intención de ejecutar el embargo, porque "nunca se ha hecho".
Martínez ha reconocido que no puede citar ningún caso en que el Ayuntamiento, que ha notificado una treintena de embargos en los últimos años, haya ejecutado dicho embargo de una vivienda. "Este es el único que ha recurrido a nosotros", ha dicho.
Sin embargo, insiste en que "no sabemos qué puede pasar en el futuro", y además, recrimina que la notificación de embargo crea una situación de angustia y preocupación a la familia, cuando el Ayuntamiento debería, a su juicio, "intentar llegar a acuerdos" con el deudor y, después, "beneficiar a ese ciudadano de los distintos descuentos que se puedan hacer".
En este sentido, ACPT rechaza que se excluya de las bonificaciones en servicios, como el agua, a aquellas personas que han incumplido las obligaciones de pago con el Ayuntamiento, e insiste que la familia referida no ha afrontado los pagos porque el padre perdió su trabajo hace cuatro años y hace seis dejó de percibir la Renta Social Básica.
Martínez ha negado que de forma intencionada haya dejado la idea de que la notificación de embargo implicaba el desahucio de la familia de su vivienda por parte del Ayuntamiento. Del mismo modo, ha rechazado las acusaciones del equipo de gobierno de utilizar el caso de esta familia con fines "electoralistas" y de crear "alarma infundada" entre la ciudadanía.
