Dom19052024

Last update06:40:41 PM

BannerSabeANorte2024

Torrelavega

El Pleno exige a Confederación que ejecute las obras para acabar con las filtraciones en La Turbera

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
LaTurberaPlenoVotacion

El problema de las filtraciones de agua La Turbera ha sido el protagonista del pleno de Torrelavega, en el que unos y otros han se han acusado de utilizar a los vecinos de este barrio en su propio beneficio político y de no tener verdadero interés en resolver la situación.

Al final, tras dos mociones y otras tantas horas de debate sobre competencias, la Corporación acordó exigir a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que asuma sus competencias y ejecute las obras, así como iniciar las acciones legales necesarias para conseguirlo si la CHC no asume su "responsabilidad".

La decisión se ha tomado con los votos del equipo de Gobierno PSOE-PRC y ACPT, el voto en contra del PP y la abstención de la concejal no adscrita Blanca Rosa Gómez Morante.

Previamente se había rechazado la moción presentada por el PP, pidiendo que el Ayuntamiento ejecutase inmediatamente las obras, desoyendo los informes de los técnicos municipales que dicen que no es competencia municipal, y posteriormente acudiera a los tribunales para dirimir a quién corresponde la responsabilidad de la solución.

Únicamente la no adscrita ha apoyado al PP, mientras que PSOE, PRC y ACPT han votado en contra, asegurando que la propuesta popular es una "ilegalidad", como advierten tanto el interventor del Ayuntamiento como el secretario municipal, que durante el pleno ha sido requerido en varias ocasiones para que se pronunciara al respecto, reiterándose el funcionario en su informe.

A pesar de las valoraciones técnicas, el portavoz del PP, Ildefonso Calderón, en varias y extensas intervenciones, ha defendido que el Ayuntamiento debe ejecutar de forma inmediata las obras para resolver las filtraciones en las viviendas de La Turbera, con cargo a la partida de 200.000 euros consignadas en el presupuesto de este año.

A su juicio, PSOE y PRC quieren hacer "el timo de la estampita" y "engañar a los vecinos" de La Turbera, porque "la legalidad o la ilegalidad sólo la puede decidir un juez, no trece concejales", ha insistido. Además, frente a los informes de los técnicos municipales, Calderón ha defendido otros de los técnicos de la Confederación, que eximen a este organismo de competencias en el problema de las filtraciones.

La concejal no adscrita ha sido la única que ha compartido la postura de Calderón de actuar pese a los informes contrarios, mientras que Iván Martínez (ACPT) ha reprochado al PP que pretenda que la Corporación "cometa una ilegalidad" y desoiga al secretario y al interventor.

También ha acusado a Calderón de "utilizar a los vecinos de La Turbera como arma arrojadiza, porque no os preocupa el fondo del problema", criticando que durante el tiempo que estuvieron gobernando no resolvieran el problema para el que ahora exigen inmediata actuación.

Los portavoces de PRC y PSOE, Pedro García Carmona y Pedro Aguirre, igualmente han reiterado la "ilegalidad" de la propuesta de Ildefonso Calderón, al que han recordado que la semana pasada "votó en contra de Torrelavega y de los vecinos de La Turbera", cuando el Grupo Popular rechazó en el Parlamento regional una propuesta para instar al Gobierno regional a exigir responsabilidades a Confederación y fue el propio ex alcalde el que salió a la tribuna a defender esa postura.

Mientras, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, ha asegurado que el equipo de Gobierno lleva meses pidiendo a la Confederación Hidrográfica que asuma sus competencias y tratando de resolver el problema de los vecinos, poniendo como ejemplo de su compromiso la partida de 200.000 euros que se consignó para las obras.

A su juicio, la propuesta de Calderón "juega con los vecinos", porque es entendible que los residentes en La Turbera que sufren desde hace años el problema quieran una solución sea como sea. "Yo si fuera un vecino también pediría que el Ayuntamiento realizara las obras, peor nosotros tenemos una responsabilidad política, legal y jurídica, y los informes dicen que no tenemos competencia para ejecutarlas", ha subrayado Urraca.

Un grupo de vecinos de La Turbera han estado en el pleno, exhibiendo carteles con las frases "La solución de Calderón" y "Primero la obra y luego el juzgado".

En la sesión también han estado presentes miembros del colectivo Cultura Sin Techo, que reclaman la cesión del edificio de las antiguas Escuelas de Solvay para desarrollar un proyecto denominado "Laboratorio Cultural". Por segunda vez, en el turno de preguntas han pedido a la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, una reunión, que finalmente se celebrará el próximo viernes, aunque la regidora ya ha avanzado que el informe técnico es contrario a la petición.

Además, ha habido una numerosa representación de activistas en defensa de los animales, con motivo de la presentación a través de ACPT de la propuesta de AnimaNaturalis para prohibir la instalación en Torrelavega de circos que utilicen animales. Una iniciativa que ha sido aprobada por unanimidad.

Igualmente se ha aprobado por unanimidad otra moción presentada por ACPT, reclamando al Ministerio de Fomento el encendido del alumbrado público en los enlaces a las autovías que atraviesan el municipio, y especialmente en aquellos puntos en lo que, por su densidad de tráfico de peatones y vehículos, la falta de iluminación representa un mayor peligro.

El portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha llamado la atención sobre el alto riesgo en algunos de esos enlaces a las autovías, como las cercanas a instalaciones deportivas, asistenciales o comerciales. Postura secundada por PSOE y PRC, mientras que el PP también la ha apoyado, aunque ha planteado la posibilidad de pedir a Fomento la cesión de las instalaciones viarias para que el Ayuntamiento asuma el alumbrado, desestimada por el secretario municipal por la ley de competencias.

Otra moción que ha prosperado, aunque en este caso con el voto en contra del PP, ha sido la presentada por el Partido Socialista, para pedir la aprobación de una Ley de Protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.