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Torrelavega

ACPT pide a Confederación el derribo de las naves construidas por PARUVI en terrenos de dominio público hidráulico

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ACPT ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a la empresa PARUVI por ocupar terrenos de Dominio Público Hidráulico junto al Sorravides, en Tanos, y pide que se investigue si se pueden estar produciendo vertidos a este arroyo. El grupo municipal insta a la CHC a incoar expediente sancionador a la empresa propiedad del concejal de Torrelavega Sí Rufino Sasián, y a ordenar el derribo de las obras no legalizables.

Además, ACPT recuerda que Sasián es propietario de "unas extensas instalaciones industriales en Tanos, las cuales carecen a día de hoy de todo tipo de autorizaciones, licencia de apertura, licencia de actividad y sectoriales (Demarcación de Carreteras, Confederación, CROTU, etc.)", algo que conocen debido a que recientemente el concejal de Torrelavega Sí "ha solicitado la legalización de las mismas".

En la denuncia presentada este martes, el portavoz de ACPT, Iván Martínez, señala que las instalaciones de PARUVI ocupan varias parcelas "a escasos metros del arroyo Sorravides", como se aprecia en la cartografía de la propia Confederación. Esas instalaciones se ubican en la denominada "zona de policía" (en la que no se puede construir), y algunas, caso del aparcamiento inferior, "en zona de servidumbre, por lo tanto afectando al Dominio Público Hidráulico, "desconociendo si se pueden estar produciendo vertidos al arroyo Sorravides, bien directos o por filtración".

La denuncia está acompañada por un histórico de fotografías aéreas, desde 2001 hasta la actualidad, en el que se puede comprobar que "el denunciado ha ido ampliando sus instalaciones de forma paulatina a lo largo de estos últimos años, siendo algunas muy recientes".

Por todo ello, Martínez, recordando su deber como concejal de denunciar las irregularidades de las que tenga conocimiento, interpone la correspondiente denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pidiendo que investigue los hechos denunciados, "se incoe el expediente sancionador que proceda y se ordene restaurar el dominio público afectado, con derribo de las obras no legalizables".