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Torrelavega

Medio centenar de personas protestan contra la Ley Mordaza y convocan un acto de solidaridad con Grecia

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Medio centenar de personas se han concentrado hoy frente al Ayuntamiento de Torrelavega, para expresar su rechazo a la denominada "Ley Mordaza", que entra en vigor este 1 de julio. El concejal de Torrelavega Puede, David Barredo, dio lectura a un comunicado en el que se calificó esta ley como el mayor atentado a las libertades públicas desde la legislación franquista.

Además, Barredo invitó a los presentes a participar en el acto de "Solidaridad con Grecia" convocado este domingo día 5, a las 12.00 horas, en la Plaza Mayor. Una iniciativa con la que se pretende trasladar el apoyo al pueblo griego y a su gobierno "frente al chantaje de la troika", tras la decisión del gobierno de Syriza de no aceptar los nuevos recortes que los organismos europeos quieren imponer al pueblo heleno para hacer frente a su deuda.

"Ante este asalto a la democracia y la voluntad popular hemos de responder de manera unida y clara", señalan los convocantes del acto de apoyo a Grecia, añadiendo que el "Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional son las autoras del corralito al que se ha sometido a partir de hoy pueblo griego".

En cuanto a la Ley Mordaza, como recordara hace unos días, Barredo ha ejemplificado su alcance subrayando que "habría permitido el procesamiento por delitos de terrorismo da los compañeros de Sniace que ocuparon el Ayuntamiento durante el verano de 2013, al escrache al entonces alcalde Ildefonso Calderón (PP), las múltiples ocupaciones de bancos por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrelavega, las protestas de los vecinos de Tanos contra el depósito de mercancías peligrosas o las acciones contra el Centro de Emprendedores".

Una ley, se ha puesto de manifiesto en la concentración, con la que serán el gobierno y la policía los que podrán prohibir y sancionar "cualquier protesta" y decidirán cuando se incurre en falta o delito dentro de un "articulado impreciso y ambiguo", mientras que las instancias judiciales "perderán competencias como garantes de los derechos sociales" y los ciudadanos se verán privados de su presunción de inocencia.