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Torrelavega

IU lamenta que el Ayuntamiento “abandone” el servicio de orientación jurídica para ahorrarse 13.000 “irrisorios” euros

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Izquierda Unida de Torrelavega considera "injustificable" que el Ayuntamiento de Torrelavega deje de prestar el Servicio de Orientación Jurídica, que en los últimos años ha llegado, según sus datos, a casi 3.000 usuarios y que desde hoy lunes ya no funciona. Critican que los recortes en los servicios que presta la administración estén afectando a las personas con menos medios.

"Es lamentable que por ahorrarse una cifra irrisoria como son 13.000 euros, cientos de vecinos de Torrelavega dejen de tener este servicio y tengan que recurrir, si es que se lo pueden permitir, a pagarlo o a desplazarse a otros Ayuntamientos donde siguen prestándolo", señalan desde IU.

Recuerdan que este servicio lo imparte el colegio oficial de abogados, subvencionado por algunos ayuntamientos. En concreto en Cantabria seguirán impartiendo el asesoramiento legal a sus ciudadanos en Santander, Castro Urdiales, Santoña y Laredo.

"Según hemos podido averiguar, en Torrelavega en los últimos años el número de usuarios ha llegado casi a 3.000 personas, e insistimos en que la mayoría son ciudadanos con pocos recursos, que acuden a realizar consultas legales de todo tipo como pueden ser divorcios, deudas, herencias, tramitaciones administrativas, etc.", apuntan desde IU.

Por todo ello, la formación ha instado a los responsables municipales a "recapacitar y prorrogar" este servicio, que se presta a "tantos vecinos de Torrelavega que lo requieren".

Las críticas de IU se suman a las prestadas por otras formaciones políticas de Torrelavega y a las de la Agrupación de Abogados Independientes ABINCA, que ha lamentado la pérdida del Servicio de Orientación Jurídica de Torrelavega y ha mostrado su deseo de que "no llegue a desaparecer de forma permanente", instando a las autoridades municipales a renovar el convenio y no retirar la subvención que permitía su prestación.

El portavoz de ABINCA, Francisco Fernández Núñez, ha explicado que este servicio venía siendo prestado por más de medio centenar de letrados del Colegio de Abogados de Cantabria, lo que permitía resolver cualquier problema jurídico y, de forma especial, tramitar las solicitudes de justicia gratuita.

A su juicio, la importancia social de este servicio "residía en que la mayoría de sus usuarios eran personas en situaciones personales muy difíciles relacionadas con embargos, desahucios, violencia de género o crisis familiares".