APEMECAC y CaixaBank renuevan su convenio de colaboración para ofrecer productos y servicios a los asociados

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 El presidente de APEMECAC, Miguel Rincón San Emeterio y el Director de Área de Negocio de CaixaBank en Cantabria, Juan Faustino González, han renovado en Torrelavega el convenio de colaboración firmado en 2013 entre ambas entidades para establecer un conjunto de relaciones de tipo comercial y financiero que beneficien a los más de 300 asociados de la entidad.

El convenio, que se renueva por un año, oferta un abanico de productos y servicios financieros, aportando soluciones flexibles para estos colectivos, por medio CaixaNegocios, y permite dar apoyo a los pequeños empresarios y comercios en un momento complicado para el sector, han señalado los firmantes en un comunicado.

Tanto APEMECAC como CaixaBank se comprometen a colaborar en la difusión de los acuerdos de este convenio, con el fin de contribuir a la mejora de la prestación de los servicios financieros a sus asociados, para redundar en una mejora de su facturación.

Desconvocada la huelga en ASPLA tras acordar dirección y sindicatos retomar las negociaciones

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El comité de empresa de ASPLA ha desconvocado hoy la huelga de 10 días anunciada del 23 de mayo al 2 de junio, después de que en la reunión celebrada en el ORECLA la dirección y los sindicatos hayan acordado retomar las negociaciones para el convenio colectivo.

Según ha informado el comité en un comunicado, la desconvocatoria de la huelga es un "ejercicio de responsabilidad", para "dar una oportunidad a la negociación y al acuerdo" que hasta ahora no había sido posible alcanzar con la dirección de ASPLA. La próxima reunión entre ambas partes será este jueves, a las 16.00 horas, en un hotel de Santander.

El principal motivo de enfrentamiento entre la dirección y el comité ha sido la intención de la empresa de modificar la jornada laboral y disponer según sus criterios de 176 horas anuales por trabajador, que ASPLA distribuiría en el calendario en función de sus necesidades.

Los sindicatos con representación en la empresa torrelaveguense (USO, UGT y CCOO), reclaman que la empresa aclare esa propuesta de disposición de la jornada y también que modifique la propuesta de revisión salarial, que la dirección pretende ligar a los beneficios y el comité quiere fijar en base al IPC real.

El comité critica que "la empresa busca en este momento de inseguridad económica enfrentar a los sindicatos con los trabajadores, tratando de convencer a estos de que la seguridad económica justifica abandonar el sistema de negociación sindical en el momento que más interesa para aumentar más los beneficios".

La administración exige silencio sobre la reunión de las cuatro partes implicadas en la aplicación del Plan Social de Sniace

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Silencio. Antes y después de la reunión que han celebrado hoy las cuatro partes implicadas en la aplicación del Plan Social de Sniace: administración, empresa, administradores concursales y comité. El encuentro ha tenido lugar en las dependencias del ORECLA, en Santander, y la administración ha pedido a los asistentes que no hagan declaraciones sobre lo tratado en la reunión, que ha durado algo más de dos horas.

La administración ya había exigido discreción sobre la convocatoria del encuentro, organizado por la directora general de Trabajo, Rosa Castrillo, y al que han asistido representantes de la consejería de Economía, cuatro miembros de la administración concursal, los sindicatos y por parte de Sniace su presidente, Blas Mezquita, y el consejero ejecutivo, Miguel Gómez de Liaño.

"Nos han pedido que guardemos silencio, y lo vamos respetar; nos ha costado mucho conseguir esta reunión para negarnos", ha señalado el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, que ha rehusado dar detalles del encuentro, del que ya se ha remitido el acta a las partes.

"Nosotros no vamos a decir nada", ha asegurado, y ha remitido a la asamblea de trabajadores, que como comunicaron a la administración, está convocada para el viernes, día 30, a las 18.00 horas, y en la que los representantes de UGT, SUC y CCOO, explicarán a la plantilla cómo están los trámites y la búsqueda de soluciones.

El plan de jubilaciones presentado por el comité no está desestimado y sigue sobre la mesa, aunque su aplicación se enfrenta a importantes obstáculos legales y económicos. Parte de las dificultades jurídicas y legales, argumentadas por la empresa, dependen del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), de ahí que los sindicatos hubieran solicitado una reunión a la dirección general de Trabajo.

Al SEPE compete la posibilidad de que se bonifiquen las cuotas de la Seguridad Social, lo que rebajaría sustancialmente el coste de la aplicación del plan de jubilaciones. También depende de este organismo el conflicto jurídico que se ha generado sobre la fecha desde la cual Sniace debe pagar las cuotas pendientes de la Seguridad Social, la presentación del preconcurso de acreedores en junio o la declaración concursal en octubre.

Cuestiones jurídicas que tienen un reflejo económico y encarecen la aplicación del plan de jubilaciones hasta, según la empresa, unos 19 millones de euros, muy por encima de los en torno a 10 que fijaban como coste máximo los administradores concursales, por ser la cantidad correspondiente al pago de las indemnizaciones por despido.

El plan de jubilaciones de Sniace tiene “nubarrones importantes” pero los trabajadores esperan poder “despejarlos”

Dirección y comité de Sniace recurren al SEPE para rebajar el coste del plan de jubilaciones, que la empresa cifra en 19 millones

Dirección y comité de Sniace recurren al SEPE para rebajar el coste del plan de jubilaciones, que la empresa cifra en 19 millones

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El Servicio Público de Empleo (SEPE) tiene en sus manos el futuro de la plantilla de Sniace, ya que buena parte de las dificultades jurídicas y legales que argumenta la empresa para aplicar el plan de jubilaciones dependen de este organismo. También depende del SEPE la posibilidad de bonificar las cuotas de la Seguridad Social y rebajar sustancialmente el coste de aplicación, que la empresa cifra en unos 19 millones de euros, muy por encima del límite de 9-10 millones marcado por los administradores concursales.

El presidente de Sniace, Blas Mezquita ha echado hoy un jarro de agua fría sobre las esperanzas de la plantilla. Después de dos aplazamientos, y tras reunirse unas horas antes con responsables de Trabajo, se celebraba por fin el encuentro con los sindicatos, aunque ha durado poco más de 60 minutos.

El tiempo suficiente para repasar la lista de "problemas" a que se enfrenta el plan de jubilaciones y dejar claro, en palabras de los representantes sindicales, que "la situación está muy jodida". Problemas legales que se acaban convirtiendo en obstáculos económicos, y problemas económicos que se acaban transformando en impedimentos legales. Un "galimatías", insiste el comité.

Respecto a las cifras, la empresa cifra en 6,5 millones el coste de las jubilaciones, en otros 6,5 la Seguridad Social, en 3,5 la responsabilidad social de los despedidos con contratos relevo y otro 1,5 por el coste de la Seguridad Social hasta la arrancada de la fábrica –según Mezquita el 1 de septiembre Celulosa y a primeros de año Viscocel- y las ayudas a los trabajadores a los que se agote el desempleo en ese proceso, teniendo en cuenta que al menos 30 personas lo han agotado ya.

Los administradores concursales marcaron el límite del desembolso económico en 9,4 millones, el coste que deberá afrontar la empresa por los despidos en base a una indemnización de 20 días por año trabajado, la que recibirán los 533 miembros de la plantilla si los tribunales fallan que el expediente de extinción de empleo fue legal. Si los jueces, en la vista de la Audiencia Nacional, aplazada al 3 de julio, estimaran los despidos ilegales y fallaran una indemnización superior, Sniace iría directamente a la liquidación.

En cuanto a los otros "problemas", se ha generado un conflicto jurídico entre la empresa y la Seguridad Social en torno a las cuotas pendientes. Mientras la empresa asume el pago desde la entrada en concurso de acreedores, en octubre, la Seguridad Social reclama a Sniace el pago desde la presentación del preconcurso de acreedores, en junio.

La empresa ha recurrido la pretensión del organismo oficial en base a un "convenio de aplazamiento", pero la consecuencia directa de esa reclamación, además de incrementar los costes de Seguridad Social, es que "el no estar al corriente de pago" cierra las puertas para recibir ayudas y bonificaciones.

Por si fuera poco, el presidente de Sniace ha informado hoy de un nuevo problema jurídico, en torno a los contratos relevo, por el despido de los jubilados parciales y de los "relevistas", y desde el Ministerio de Industria se anuncia la inminente aplicación de la reforma energética que puede "finiquitar" la historia de la fábrica.

Un cúmulo de dificultades económicas y jurídicas que ponen muy cuesta arriba el camino para la plantilla, que sigue discrepando de la dirección en muchas de las cuestiones que la empresa computa como costes de jubilación, pero que no puede rebatir los requisitos legales.

El comité, tras la reunión con Mezquita, ha intentado explicar todas estas circunstancias a una plantilla ya cansada de encontrar en cada esquina nuevas dificultades y que, al echar la vista atrás y repasar este año y medio de conflicto, desconfía de empresa y administraciones a partes iguales.

Los sindicatos han solicitado con carácter de urgencia una reunión con los responsables del Servicio Público de Empleo, en cuyas manos parecen estar las soluciones más imprescindibles. Empresa, comité, SEPE y Trabajo deben reunirse para ver si es posible un encaje legal a las citadas cuestiones a que se enfrenta Sniace.

"Todo depende de lo que diga el SEPE y si dice que no lo vamos a llevar jodido", ha afirmado el secretario del comité y representante de UGT, Antonio Pérez Portilla, que no ha ocultado a los trabajadores en la asamblea tras la reunión. Cuestionando muchos de los conceptos que la empresa "suma" en esos 19 millones de euros de coste de las jubilaciones, ha asegurado que "si las cifras que van a presentar a los administradores son esas, esto no hay por dónde cogerlo".

"La cosa está jodida, porque las cifras no cuadran", ha dicho el representante del SUC, Mario Villar. "La empresa nos dice que tendremos que limar esas cifras, pero no sé de dónde, ya le hemos dicho que no podemos estar más limados", ha apuntado, reconociendo ante los comentarios de los trabajadores sobre la conveniencia de que la dirección "lime" sus sueldos que "ya se lo hemos dicho".

En la misma línea se ha manifestado el delegado de CCOO, Luis Corrales, resumiendo la situación en que es necesario ir al SEPE para que diga si Sniace cumple los requisitos para acceder a las ayudas y bonificaciones que necesita para aplicar el plan de jubilaciones y tener alguna esperanza de salir adelante. "Que digan que sí o que digan que no, pero que lo digan de una puta vez", ha explotado.

La próxima reunión con la empresa se producirá en el SEPE, ya que "no tiene sentido" celebrar un nuevo encuentro sin resolver las cuestiones que dependen de la administración, ha explicado el comité. De momento, y a la espera de esa cita, los trabajadores se han emplazado a la manifestación convocada para este viernes, a las 19.00 horas, desde la fábrica hasta el Ayuntamiento de Torrelavega.

Los afiliados piden a UGT y CCOO que firmen la propuesta de la empresa para el convenio colectivo de ASPLA

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Los afiliados de UGT han pedido a sus representantes sindicales que firmen la última propuesta de ASPLA para el convenio colectivo de la empresa. Las cláusulas de garantía de mantenimiento del poder adquisitivo, la reducción de las horas de la jornada laboral de libre disposición y 38 prejubilaciones voluntarias ligadas a la conversión en fijos de otros tantos trabajadores temporales de la plantilla, han sido valoradas de forma positiva por los afiliados ugetistas.

UGT ha celebrado hoy dos asambleas para someter a sus afiliados la propuesta con la que ayer la dirección de ASPLA daba por cerrada la negociación para el convenio colectivo. CCOO ya había anunciado que, tras consultar a sus trabajadores, apoyaba la firma del convenio. Falta por saber la postura de SITA-USO, con mayoría en el comité y que celebrará su asamblea el próximo viernes.

La delegada de UGT en el comité, Rosa Saiz García, ha explicado que los trabajadores han considerado que la propuesta de preacuerdo de la empresa es razonable. Por tanto, si el sindicato mayoritario decide no apoyar el convenio colectivo, UGT "valorará" pedir un referéndum para que los trabajadores voten o firmar en minoría.

"Lo que más hemos valorado es la posibilidad de hacer jubilaciones voluntarias y crear 38 nuevos puestos de trabajo en la plantilla, y también la garantía del IPC real, que era nuestra principal exigencia, que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo", ha señalado a HoyTorrelavega Saiz García.

Además, ha destacado que en su última oferta, ASPLA reduce a 40 las horas "distribución irregular" de la jornada laboral anual. Eso representa un 2,27% de las 1.760 horas anuales de cada trabajador, muy por debajo del 10% de libre disponibilidad que la ley permite a las empresas.

La empresa propone un convenio de 3 años de vigencia, con un incremento salarial de 0,6 el primer ejercicio, de 0,7 el segundo y de 0,75 el tercero, con una cláusula de revisión salarial cada uno de los tres años garantizando el IPC real.

La dirección de ASPLA dio ayer por terminada la negociación, después de varias semanas de reuniones y la convocatoria y desconvocatoria de una huelga de diez días por las horas de libre disponibilidad de la jornada laboral, de la que SITA-USO hizo caballo de batalla.

En este sentido, Rosa Saiz García ha explicado que UGT se adhirió a la convocatoria de huelga para "mantener la unidad del comité", aunque nunca compartió la necesidad de llegar a un paro porque la empresa "en todo momento se mostró en disposición de negociar las horas" de distribución irregular y fue una parte de la representación sindical la que "exigió" la retirada total de esa cláusula.

Del mismo modo, la huelga se desconvocó sin que se hubiera producido "ningún cambio" en la propuesta y solo para seguir negociando, algo que la empresa no había rechazado previamente, lo que "no tiene mucho sentido", ha dicho la delegada ugetista.

Empresa y sindicatos no han fijado un plazo para comunicar la firma o el rechazo del preacuerdo para el convenio, pero entienden que una vez que se celebre la última de las asambleas previstas, la de SITA-USO el viernes, el presidente y el secretario convocarán al comité para tomar una decisión.

El comité de ASPLA está formado por 7 delegados de SITA-USO, 3 de CCOO y 3 de UGT.

El Consejo de Administración de Sniace ha convocado el 20 de junio la Junta General de Accionistas

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El Consejo de Administración de Sniace ha convocado para el próximo 20 de junio, a las 13.00 horas, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se someterán a examen y aprobación las cuentas anuales y la gestión del Consejo, la elección de los auditores y el informe sobre las remuneraciones de los consejeros.

En caso de no alcanzarse el quórum necesario, la Junta de Accionistas, convocada en un hotel de Madrid, se trasladará al día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, según se detalla en la comunicación remitida por Sniace a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tendrán derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que dispongan de al menos cien títulos de Sniace inscritos en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la celebración de la reunión.

La compañía informó la pasada semana a la CNMV sobre la reformulación de sus cuentas tras la aprobación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del borrador de Orden Ministerial referido al esquema retributivo de las plantas de cogeneración.

Sniace cifró en 32 millones de euros el "deterioro contable" que ocasionará la reforma energética a la empresa, de los que 23 corresponden a la incidencia de los cambios retributivos en las plantas de cogeneración.

En la comunicación a la CNMV Sniace señalaba que 2,4 millones de euros corresponden al deterioro de inmovilizados relacionados con el fallido proyecto de la planta de bioetanol en Polonia y otros 5,1 a la participación en la sociedad Green Source Poland, entidad que lideraba dicho proyecto.

Respecto al informe sobre las retribuciones, según la propia Sniace comunicó a la CNMV, las correspondientes al Consejo de Administración ascendieron en 2013 a 935.000 euros. El presidente Blas Mezquita recibió 422.000 euros, con una retribución fija de 371.000 y otros 50.000 por dietas.

Tras Mezquita, el miembro del consejo que recibe mayor retribución es Miguel Gómez de Liaño, que el año pasado cobró 373.000 euros: 136.000 como consejero ejecutivo, 90.000 como letrado del grupo, otros 90.000 por la coordinación jurídica del asesoramiento externo, 57.000 más por asesoramiento permanente, y 30.000 por dietas.

En cuanto al resto de consejeros no ejecutivos percibieron, en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, 30.000 euros cada uno en el caso de Antonio Temes, Juan Yago y Manuel Huerta (consejeros independientes); 27.000 euros Félix Revuelta (consejero dominical); y 23.000 euros Jesús Manuel Zaballa (independiente), que en agosto de 2013 presentó su dimisión.

El informe de Sniace a la CNMV incluye también los sueldos del equipo de alta dirección, formado por los directores de producción, de servicios, de nuevos proyectos e inversiones, y de recursos humanos, que en total cobraron 493.000 euros.

El Tribunal de Justicia de la UE ratifica la multa de 42 millones a ASPLA y Armando Álvarez por participar en un cártel de sacos de plástico

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado los recursos presentados por ASPLA y Armando Álvarez y ha ratificado la multa conjunta de 42 millones de euros impuesta a las dos empresas por participar en un cártel en el mercado de los sacos industriales de plástico.

En las sentencias hechas públicas hoy, la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la UE desestima los recursos que pedían la anulación de la sentencia de noviembre de 2005, que con carácter subsidiario se redujera considerablemente el importe de la multa impuesta por la Comisión Europea y que se condenase a esta al pago de las costas. Además, condena a ASPLA y Armando Álvarez al pago de las costas procesales.

Los magistrados han desestimado el recurso de casación de ASPLA por motivos procesales, mientras que en el caso de Armando Álvarez el tribunal considera que, como sociedad matriz de la anterior, "que en 2002 poseía el 98,6 % del capital de la sociedad recurrente", queda confirmada su implicación en el cártel.

La Comisión Europea impuso en 2005 multas por importe de más de 290 millones de euros a un grupo de empresas por conformar un cártel en el sector de los sacos industriales de plástico, denominados de "boca abierta", en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España y Francia.

Según recuerdan las sentencias, se acusó a estas empresas de un "conjunto de acuerdos y prácticas concertadas relativos a la fijación de los precios y el establecimiento de modelos comunes de cálculo de precios, el reparto de los mercados y la asignación de cuotas de venta, clientes, negocios y pedidos, la presentación concertada a determinadas licitaciones y el intercambio de información individualizada".

Las firmas torrelaveguenses recurrieron ante el Tribunal General de la UE la multa, pero la corte, en noviembre de 2011, falló mantener la sanción de 42 millones de euros, lo que volvió a ser recurrido, esta vez ante el Tribunal de Justicia europeo, solicitando la anulación de las sentencias.

El fallo de la Sala Sexta del Tribunal recuerda que Armando Álvarez opera en los sectores de la fabricación de bidones metálicos, carpintería industrial y compra-venta de madera y tiene varias filiales, una de ellas ASPLA, que desde 1982 fabrica y vende productos plásticos, entre ellos sacos industriales.

Huelga en ASPLA del 23 de mayo al 2 de junio por la jornada anual y la negativa a revisar los salarios

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La plantilla de ASPLA ha decidido en asamblea convocar una huelga de diez días, desde las 22.00 horas del viernes 23 de mayo hasta las 6.00 horas del 2 de junio. El paro afectará a los casi 500 empleados de la factoría torrelaveguense del Grupo Armando Álvarez.

Los motivos para convocar la huelga son la decisión de la empresa de distribuir 176 horas de la jornada anual de cada trabajador según sus criterios y conveniencia, acogiéndose a las disposiciones de la Reforma Laboral, y la negativa de ASPLA de revisar los salarios para el próximo año.

La huelga también es una protesta por la pretensión de la empresa de imponer para el próximo convenio colectivo una duración de tres años, a pesar de que, tras varias reuniones negociadoras se había llegado a un principio de acuerdo para firmar la renovación por un año.

El convenio colectivo se revisó por última vez en 2010, cuando tras dos meses de conflicto laboral se pactó un acuerdo de cuatro años de vigencia, lo que evitó una amenaza de huelga.

Ese acuerdo contemplaba una subida salarial del 1,5% para cada uno de los tres primeros años de vigencia, y del 1,6% para el cuarto, además de una garantía de actualización de las nóminas del 0,50% sobre el IPC real en cada ejercicio.