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Economía

CCOO exige a ADIF y Fomento que cumplan los plazos de las obras del ferrocarril Cabezón de la Sal–Santander

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha anunciado que dirigirá un escrito a ADIF y al Ministerio de Fomento, para que garanticen el cumplimiento del plazo de 8 meses que han anunciado al Gobierno de Cantabria, para realizar las obras que permitan eliminar las limitaciones de velocidad establecidas en la vía de FEVE de la línea de Cabezón de la Sal a Santander.

Tras la reunión mantenida con el director general de Transportes y Comunicaciones, Fermín Llaguno, el portavoz del sector ferroviario de CCOO, Manuel Celis, ha afirmado que exigirá que se cumplan "escrupulosamente" los plazos porque "no se puede permitir, por más tiempo, los retrasos que se están produciendo por el mal estado del tramo entre Cabezón de la Sal y Puente San Miguel, un trayecto con riesgo de desprendimientos".

Celis ha añadido que, desde que ADIF incorporó 12 medidas de precaución, "que básicamente consisten en reducir la velocidad a 20 y 30 kilómetros por hora", los horarios de los trenes "se incumplan todos los días", llegando en ocasiones hasta más de 30 minutos de retraso acumulado.

"No creemos que la solución sea cambiar algunos horarios de los trenes que salen de Puente San Miguel, porque se quedan en un simple parche para intentar solucionar un gran problema", ha señalado el portavoz sindical en un comunicado.

En el mismo escrito, CCOO también pedirá a ADIF que no siga adelante con la decisión de eliminar los puestos de trabajo de la mayoría de estaciones, -sólo quedarían abiertas las de Santander, Barreda, Maliaño, Gama y Cabezón de la Sal-, porque, además de destruir empleo, empeorará el servicio que se da a los más de 3,5 millones de viajeros utilizan las cercanías de FEVE en Cantabria al año.

Para Celis la falta de personal en las estaciones repercutirá tanto en la información y servicio a los viajeros como en las ayudas de accesibilidad que este personal puede prestar al colectivo con movilidad reducida.

Trabajo ratifica que la plantilla de Sniace tiene derecho a las ayudas individuales a la jubilación de hasta un 40%

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La directora general de Trabajo, Rosa Castrillo, ha ratificado hoy que la plantilla de Sniace tiene derecho a las ayudas individuales a la jubilación que contempla la ley y que pueden llegar al 40%. Esta ratificación de lo ya manifestado en anteriores ocasiones despejaría las dudas mostradas por la empresa respecto a uno de los puntos de mayor coste económico del Plan Laboral.

El comité de Sniace y el director de Recursos Humanos, José Manuel Colio, en representación de la empresa, se han reunido con la directora de Trabajo en un encuentro convocado de urgencia y que los sindicatos han agradecido a Rosa Castrillo, ya que en este momento están luchando contra el reloj de cara al juicio del 3 de julio en la Audiencia Nacional.

Castrillo ha reiterado que la ley concede ayudas "al trabajador, no a la empresa", ya que en estar concursada, como es el caso de Sniace, esto sería ilegal. Lo que varía es la cuantía, que el comité de Sniace insiste en que sea "el máximo del 40% previsto".

Las dudas manifestadas por la dirección y la asesoría legal de Sniace era si las deudas con la Seguridad Social –por las cuotas del tiempo transcurrido desde los despidos si estos se revierten y por los tres meses cuyo aplazamiento fue denegado a la empresa- impedirían el pago de dichas ayudas, lo que ha sido, una vez más, aclarado por Trabajo.

El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que también han "tranquilizado" a la directora de Trabajo, explicando que la inclusión en el capítulo de jubilaciones a los trabajadores de 57 años, no elevará el coste de las ayudas más allá de los en torno a 4 millones de euros "que tenía en mente" el Gobierno regional, destacando en cambio que eso permitirá absorber el excedente de plantilla de manera no traumática.

Una vez dado este paso, el comité considera que debe celebrarse una nueva reunión con la empresa, lo antes posible, para "ver si de verdad está en condiciones de llegar a un acuerdo o no". Acuerdo que debería presentarse a los administradores concursales para su ratificación antes del 3 de julio.

Los representantes de UGT, SU y CCOO acudirán el próximo lunes, día 23, a la Junta de Accionistas de Sniace en Madrid, para escuchar de primera mano el informe de gestión que presentará el presidente, Blas Mezquita, e intentarán salir de allí con un compromiso de reunión inmediata.

Pérez Portilla ha afirmado que la situación idónea sería alcanzar un acuerdo antes del juicio en la Audiencia Nacional, y más aún, contar ya con el aval del Gobierno regional –previa presentación por parte de la empresa del "Plan de Arranque"- y con la confirmación del porcentaje de las ayudas que recibirán los trabajadores de Sniace.

Sin embargo, el portavoz del comité es consciente de que el plazo de tiempo es escaso, por lo tanto, se conformarían con llegar a la Audiencia Nacional con un acuerdo con la empresa que evite el juicio. Un acuerdo que "revierta los despidos, consolide los puestos de trabajo en las tres fábricas y contemple la jubilación a partir de los 57 años a 31 de diciembre hasta los 63", ha concluido Pérez Portilla.

El comité exigirá a la dirección de Sniace que demuestre su compromiso con el futuro de la fábrica en la reunión del próximo viernes

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La dirección y el comité de Sniace se reunirán este viernes, 6 junio, en la fábrica y los sindicatos exigirán a la empresa que demuestre su compromiso con el futuro de la fábrica de Torrelavega y diga si está dispuesta a poner el dinero necesario para aplicar el Plan Laboral. La reunión está convocada a las 11.00 horas y, como es habitual los trabajadores se concentrarán, a la entrada de la factoría.

El último encuentro entre dirección y comité tuvo lugar hace una semana, durante la reunión convocada en el ORECLA por la Dirección General de Trabajo, en la que también estuvieron presentes los administradores concursales. Después de que el presidente de Sniace, Blas Mezquita, y el consejero Miguel Gómez de Liaño argumentaran motivos de agenda para no prolongar la reunión, los representantes de los trabajadores pidieron a la empresa un nuevo encuentro para analizar lo tratado.

En asamblea, UGT, SUC y CCOO aseguraron que la pelota "está en el tejado de la empresa y los administradores concursales", y a ellos corresponde demostrar hasta qué punto apuestan por la continuidad de Sniace. Esa apuesta, dicen, tienen que traducirse en el caso de la empresa en cuánto dinero están dispuestos a poner para llevar a cabo el plan de jubilaciones y en el de los administradores en qué inversión van a autorizar para realizarlo.

Los trabajadores han asegurado que ellos no pueden "rascar más" en su propuesta y creen que ahora le toca a la empresa dejar las excusas y "poner el dinero que tiene que poner" si quiere que la fábrica vuelva a abrir sus puertas. Máxime cuando se han abierto algunas "expectativas mejores", ante la posibilidad de que la reforma energética sea mejor de lo esperado para los intereses de Sniace y de que la ampliación de los parámetros legales para las inmisiones de Viscocel sea posible.

La plantilla de Sniace exige a la empresa que “se moje” y diga si está dispuesta a poner el dinero necesario para el Plan Laboral

Cedrún ve posibilidades de acuerdo en Sniace, siempre que no se cargue el coste de la puesta en marcha al plan laboral

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La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, ha afirmado hoy que ve "posibilidades de alcanzar un acuerdo de futuro para Sniace", aunque ha destacado que "como siempre, uno de nuestros mayores enemigos es el tiempo disponible" ya que el 3 de julio se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio sobre la nulidad de los despidos.

"Creemos que es posible el acuerdo en el plan laboral, aunque para ello es imprescindible no cargar en él todos los costes de la puesta en marcha de las fábricas y que la dirección presente de una vez por todas un plan de viabilidad creíble para los administradores concursales y los acreedores", ha señalado Cedrún, insistiendo en que para el juicio en la Audiencia "tiene que haber ya un plan laboral y de viabilidad".

A preguntas de los periodistas tras la celebración del Comité Regional de UGT, ha recordado que si no hay un acuerdo previo, sea cual sea el resultado del juicio, "es malo", porque si la sentencia falla "que la extinción de los puestos de trabajo es adecuada a la ley quedarán por delante el proceso judicial de las demandas individuales de los trabajadores y, si por el contrario, lo que decide la Audiencia es que son los trabajadores los que tienen la razón eso implicará la liquidación de la empresa".

Respecto a la reunión celebrada hoy entre empresa, comité y Seguridad Social, Cedrún ha asegurado que "lo deseable es transformar el expediente de despido en uno de suspensión porque con ello se pasaría de tener que pagar el 100% al 50% de las cuotas a la Seguridad Social".

En todo caso, ha destacado que "aunque son varios los temas a resolver, el objetivo es que la Junta de Acreedores de luz verde a un plan de futuro que incluya un plan laboral y de viabilidad creíbles".

María Jesús Cedrún estará este jueves en la asamblea convocada por la sección sindical de UGT para explicar a sus afiliados la marcha de la negociación en Sniace y la situación del plan laboral. La asamblea se celebrará a las 10.30 horas en la sede de UGT en Torrelavega, en La Llama.

Dirección y comité de Sniace siguen sin ponerse de acuerdo en el “coste real” del plan de jubilaciones

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SniaceAsamblea060614La dirección de Sniace y el comité siguen sin ponerse de acuerdo en el "coste real" del plan de jubilaciones, que según la empresa supera los costes que permitirían los administradores concursales y según los sindicatos es una cifra asumible, una vez aplicadas las ayudas que ofrece la administración a los trabajadores.

Para "hacer números" con detalle, el próximo martes se reunirá el comité con el director de la fábrica de Torrelavega, Javier del Castillo, y el Jefe de Recursos Humanos, José Manuel Colio. El objetivo es cotejar y concretar las cifras que hasta ahora se han venido barajando de forma global.

La empresa, representada por Blas Mezquita y el abogado Alberto Novoa, y comité se han reunido de nuevo hoy, durante unas dos horas y medias, en lo que ha sido una continuación del encuentro celebrado hace unos días en el ORECLA, donde la premura de la empresa no permitió que ambas partes valoraran lo tratado junto a la administración.

El presidente de Sniace volverá a reunirse con el comité el próximo viernes, a las 11.00 horas, para trabajar sobre las cifras que se concreten el martes.

El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que el coste del Plan Laboral o Plan de Jubilaciones sigue siendo motivo de diferencias. Mientras Mezquita, lo valora entre 15 y 19 millones de euros, "según el día y las cuentas que haga", los sindicatos cifran en unos 13-14 millones su "coste real", aunque el efectivo para la empresa, con las ayudas de la administración a las prejubilaciones, sería "bastante inferior".

Unas jubilaciones que el plan sobre la mesa establece para los trabajadores entre 58 y 63 años, algo que los sindicatos UGT, SUC y CCOO, han dejado hoy claro que "no se toca". Según han explicado a los trabajadores, aunque la empresa "nos está mareando con la edad de jubilación", la traducción económica de modificar ese parámetro sería "el chocolate del loro" y el grueso del coste lo representan el pago de la Seguridad Social una vez se reviertan los despidos y la puesta en marcha de la fábrica, que frente a la opinión del comité, Sniace carga al Plan Laboral.

Aún así, el comité ha planteado la posibilidad de "bajar la jubilación a los 57 años" y la empresa ha pedido a la compañía de seguros que gestiona las pólizas de los trabajadores que valore y cuantifique esa posibilidad, que entre otras cosas permitiría tener excedente cero de plantilla, contando con la arrancada de las tres factorías.

Los sindicatos han vuelto a insistir en la necesidad de que la empresa haga una "estimación de la reforma energética" y un "plan de puesta en marcha" de la fábrica, que deben presentar a los administradores y ser la base de un acuerdo de cara al juicio en la Audiencia Nacional, fijado para el 3 de julio.

Las posibles jubilaciones en Sniace podrían retrasarse hasta la Junta de Acreedores de octubre

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Las jubilaciones en Sniace, aun alcanzado un acuerdo laboral que suponga la readmisión de la plantilla, podrían retrasarse hasta el mes de octubre, cuando está prevista la Junta de Acreedores. También se podría demorar hasta esa fecha la posibilidad de establecer un convenio para el aplazamiento de los pagos de las cuotas que, en caso de readmisión, la empresa adeudaría a la Seguridad Social.

La reunión celebrada hoy entre responsables de la Seguridad Social en Cantabria, encabezados por su directora, Eva Suarez; la dirección de Sniace –representada por Blas Mezquita, Gómez de Liaño y Novoa-, y el comité, ha dejado a los trabajadores un "sabor agridulce". Aunque han encontrado "ganas de colaborar" en los representantes de las administraciones, buena parte de las cuestiones de las que depende el futuro de la factoría y de la plantilla no han sido resueltas.

En el caso de los pagos con la Seguridad Social, por las cuotas de la plantilla durante el periodo retrotraído, los responsables de este organismo se han mostrado dispuestos a negociar un aplazamiento, pero dicho acuerdo está condicionado a lo que ocurra en la Junta de Acreedores que dentro del proceso concursal se celebrará en octubre.

En cuanto a los meses que Sniace adeudaría en este momento a la Seguridad Social por la denegación del aplazamiento de los pagos, serían finalmente tres (mayo, junio y julio), desde este organismo consideran "imposible" no reconocer esa deuda, pero matizando que compete al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "interpretar la norma" y que ahí cabría "alguna" posibilidad.

Del mismo modo, en la reunión de hoy se ha remitido al SEPE para aclarar si esa deuda en los pagos a la Seguridad Social influye en la concesión de ayudas individuales a la jubilación. Aunque, el comité se remite a las palabras de la directora de Trabajo, Rosa Castrillo, asegurando que no afectan, debe ser el SEPE ahora el que certifique cuál es la situación.

"Nos han dado una de cal y otra de arena", ha señalado a HoyTorrelavega el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, que reconoce que están "cansados" de ir "de la ceca a la meca" buscando respuestas y encontrando que cada organismo deriva las respuestas a otra parte de la administración. Y todo ello cuando lo que falta en este conflicto es "tiempo", porque el 3 julio y el juicio en la Audiencia Nacional se echan encima.

"Desde el primer momento hemos dicho que lo lógico y operativo hubiera sido que nos reuniéramos todos los implicados: empresa, comité, Gobierno regional, Seguridad Social, SEPE...", ha afirmado Pérez Portilla. Los sindicatos han solicitado ya al Servicio Estatal de Empleo una reunión.

En ese encuentro, según han explicado, debe resolverse la cuestión principal y que la propia empresa considera "imprescindible" y que supone un coste fundamental en el plan laboral, el saber si debido a las deudas con la Seguridad Social tendría o no derecho a realizar las jubilaciones y a las ayudas legales previstas.

Tras la reunión celebrada en Santander, y que ha durado en torno a una hora, el comité se ha interesado por el plan de arranque que la empresa debe presentar al Gobierno regional, si quiere tener su aval para acceder a las ayudas a las jubilaciones.

Según Pérez Portilla, la respuesta del presidente de Sniace, Blas Mezquita, ha sido que la empresa, si el Gobierno de España publica este fin de semana el reglamento que cuantifica la reforma energética, estaría en disposición de presentar dicho plan el próximo martes, tras la Junta de Accionistas del grupo que se celebrará el lunes, día 23.

El comité ha insistido en la reunión de hoy con los responsables de la Seguridad Social que el de Sniace "no es un caso normal", ya que de llegar a un acuerdo supondría la readmisión de 500 trabajadores diez meses después de su despido, por ello piden que se "reconsidere esta situación especial".

Los sindicatos esperan ahora reunirse con el SEPE lo antes posible –sea con responsables regionales o en Madrid- para avanzar en los pasos que deben darse si empresa y trabajadores quieren llegar a la Audiencia Nacional con un acuerdo que garantice la continuidad de la fábrica.

Los afiliados fuerzan a SITA-USO a aceptar la propuesta de la empresa y firmar el convenio colectivo en ASPLA

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Los afiliados de SITA-USO han forzado a sus delegados en ASPLA a aceptar la última propuesta de la empresa y firmar el convenio colectivo para la empresa torrelaveguense. El acuerdo cuenta así con el apoyo unánime de los tres sindicatos que forman el comité: SITA-USO, UGT y CCOO.

Este mismo jueves, SITA-USO hacía público un comunicado en el que aseguraba que el sindicato "tiene el convencimiento de que la última oferta de la empresa no nos vale; desconvocamos la huelga para seguir negociando y, para SITA-USO, no se ha llegado al final, idea esta que es compartida por la mayoría de la plantilla de Aspla".

Sin embargo, hoy han sido sus propios afiliados, en las dos asambleas celebradas en la sede de USO, los que han rechazado esa postura y han votado a favor de firmar el convenio, según ha informado e sindicato en otro comunicado.

"En las asambleas decisorias celebradas hoy día 30 de mayo por la Sección Sindical de SITA-USO y sus afiliados, con motivo de la XV Negociación del Convenio Colectivo de Aspla en las que se ha informado de la situación actual de las negociaciones y de los pasos a seguir en la misma, en ambas asambleas se ha decidido dar por buenas las negociaciones llevadas a cabo y firmar un preacuerdo con la empresa en base a la propuesta que está encima de la mesa", ha anunciado.

El convenio colectivo, en base al último borrador, tendrá 3 años de vigencia, con un incremento salarial de 0,6 el primer ejercicio, de 0,7 el segundo y de 0,75 el tercero, con una cláusula de revisión salarial cada uno de los tres años garantizando el IPC real.

Además, se podrán realizar 38 prejubilaciones voluntarias, transformando en empleos fijos otros tantos contratos eventuales de la plantilla. En cuanto a las horas de libre disponibilidad de la empresa en la jornada anual de cada trabajador, serán 40.

Los sindicatos comunicarán en los próximos días los resultados de sus asambleas al comité y posteriormente a la empresa, para fijar la fecha de firma del convenio colectivo.

A SITA-USO “no le vale” la última oferta de ASPLA y afirma que la mayoría de la plantilla comparte que hay que seguir negociando

Los afiliados piden a UGT y CCOO que firmen la propuesta de la empresa para el convenio colectivo de ASPLA

Empresa y comité cierran la negociación y el Plan Laboral de Sniace queda en manos de la “voluntad política” de la administración

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La dirección y el comité de Sniace han dado hoy por cerradas las negociaciones y han "consensuado" seguir adelante con el último Plan Laboral puesto sobre la mesa, cuya aplicación queda ahora en manos de las administraciones y de su "voluntad política", para que los trabajadores puedan acceder a las ayudas que contempla la ley para las jubilaciones.

Empresa y sindicatos no han llegado a cerrar un "acuerdo" por sus discrepancias sobre el coste real que tendrá el Plan Laboral elaborado por el comité. Mientras la dirección de Sniace lo sigue cuantificando en cerca de 19 millones de euros, los trabajadores dicen que no supera los 12 millones, una cifra que encaja en las premisas que marcaron los administradores concursales para poder aceptarlo.

El comité y la empresa, con su presidente, Blas Mezquita, el consejero ejecutivo Miguel Gómez de Liaño y el abogado Alberto Novoa se han reunido hoy durante algo más de dos horas. La reunión comenzaba a las 11.30, con retraso, y transcurrida apenas una hora se hacía un receso, a petición de la empresa, tras rechazar el comité cualquier nueva rebaja en el Plan Laboral.

El próximo miércoles ambas partes se reunirán con responsables de la Seguridad Social para intentar llegar a un acuerdo sobre los dos meses de cuotas que adeuda Sniace, correspondientes al último aplazamiento solicitado por la empresa y denegado tras el despido de la plantilla.

Los sindicatos entienden que si se produce la readmisión de los trabajadores, se podría buscar la fórmula para un "convenio de aplazamiento" para que la empresa haga frente a los pagos a la Seguridad Social, tanto de los diez meses transcurridos desde el despido como de esos dos meses que adeuda.

También se reunirán con responsables de Trabajo, para definir las ayudas individuales a que tienen derecho legal los trabajadores prejubilados, que supondrían una nueva rebaja en el coste total del plan que la empresa no contabiliza en su valoración.

De ahí que los sindicatos insistan en que el futuro del Plan Laboral depende ahora de la "voluntad política" de la administración y de su disposición a utilizar las fórmulas legales existentes para retrotraer la situación de la plantilla al mes de septiembre y facilitar la salida del excedente de trabajadores a través de las prejubilaciones.

La empresa debe ahora presentar, como ha exigido el Gobierno regional para gestionar las ayudas a la jubilación, junto al Plan Laboral, el Plan de Arranque, que incluiría la apertura en octubre de la planta de Celulosa, y en julio de 2015 la de Viscocel.

El retraso en reabrir Viscocel es uno de los factores que encarece el plan, y se debe a la decisión de la empresa de, descartar la reforma de las líneas existentes, y sustituir las dos máquinas actuales por una nueva, que podrá producir tanto fibra normal como ignífuga, las mismas toneladas y con el mismo personal.

Ese retraso conlleva el agotamiento de las prestaciones para los 136 operarios de Viscocel, para los que el Plan Laboral prevé una "ayuda social", que se ha fijado en 1.000 euros mensuales.

Como han explicado UGT, SU y CCOO en asamblea a los trabajadores, el comité ha rechazado rebajar esas ayudas o las prejubilaciones, que quedan fijadas en 119, desde los 63 años, con un 75% del salario neto.

"Hemos dejado claro a la empresa que no estamos dispuestos a rebajar más, no podemos consentir que personas que llevan 40 años trabajando en Sniace no se vayan con una jubilación al menos digna", ha afirmado el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla.

A su juicio, "lo positivo es que no se ha roto la posibilidad de acuerdo, que hemos dado un paso para adelante, pero todavía nos queda alguna traba por el camino que esperamos poder despejar la semana que viene".

La empresa está pendiente de la publicación de la orden ministerial de la reforma energética donde ya se fijará el coste que tendrá para Sniace, y en base a la que adaptará el Plan de Viabilidad que debe presentar a los administradores concursales, que tienen la última palabra sobre el futuro de la fábrica y la plantilla.

Y todo ello, pasando antes por el juicio en la Audiencia Nacional del 3 de julio, por la demanda de la empresa por la nulidad de los despidos, sobre el que los sindicatos tienen serias dudas de que haya noticias antes de la fecha fijada para la vista.

La plantilla de Sniace, a la espera en los próximos días de la respuesta de las administraciones, a través de la Seguridad Social y Trabajo, se sumará hoy a la manifestación convocada en Torrelavega, a las 19.30, en defensa de la sanidad pública y el Hospital Comarcal Sierrallana.

La plantilla de Sniace exige a la empresa que “se moje” y diga si está dispuesta a poner el dinero necesario para el Plan Laboral

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"Nosotros ya no tenemos más que poner encima de la mesa. Ha llegado el momento de que la empresa se moje de una puñetera vez y diga si está dispuesta a poner el dinero necesario para aplicar el Plan Laboral". Los trabajadores aseguran que ya no pueden "rascar" más en su propuesta de jubilaciones y le toca ahora a la empresa dejar las excusas y "poner el dinero que tiene que poner" si quiere que la fábrica vuelva a abrir.

El comité ha reclamado hoy que "administradores y empresa se comprometan", a la vista de que se han abierto algunas "expectativas mejores" de las que había, entre otras cosas por la posibilidad de que la regulación de la reforma energética, que se espera aprobar antes de quince días, sea mejor de lo esperado para los intereses de Sniace.

También han pedido al Gobierno regional que siga "tutelando" las negociaciones a través de la Dirección General de Trabajo, ya que entienden que si hay un "compromiso político" pueden resolverse algunos problemas.

El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que, "aunque hay que ser prudentes" hasta ver la "letra pequeña" del borrador, "según las interpretaciones que se oyen por la fábrica" el decreto energético "puede ser más positivo de lo esperado", en el sentido de que "si no permitiría ganar dinero, al menos permitiría no perder y abrir cogeneración".

A eso se une la posibilidad de que se produzca el cambio legislativo que llevan "más de un año esperando", para adaptar los parámetros de inmisiones ambientales a los baremos europeos. El informe favorable del Consejo de Estado es un paso, aunque faltaría la aprobación legal y la tramitación en Cantabria de la Autorización Ambiental Integrada, han recordado los sindicatos, que tienen "muchas dudas" todavía sobre la plasmación de las "correcciones" que ha pedido Sniace.

En base a esa "mejora" sobre el futuro de Sniace, la empresa busque la financiación necesaria para aplicar el Plan Laboral y los administradores autoricen que el coste supere los 10 millones en que están valorados los despidos y que hasta ahora se han puesto como tope. "Dado que hay futuro, Sniace no se puede ir a la mierda por dos millones más de euros", ha clamado el secretario del comité.

Los sindicatos (UGT, SUC y CCOO), han explicado hoy en asamblea a la plantilla lo tratado en la reunión que se celebraba el pasado martes, convocada por la directora general de Trabajo, y a la que asistieron administradores la empresa, sindicatos y representantes de la Consejería de Economía.

En esa reunión, sobre la que el Gobierno regional exigió "silencio" hasta hoy, se despejaron algunas incógnitas y se confirmaron algunos obstáculos. En el lado positivo, la posibilidad legal de aplicar los diferentes puntos del plan de prejubilaciones. En el negativo, el encarecimiento de algunos conceptos, ya que no podría aplicarse la bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social a toda la plantilla, solo a algunos trabajadores.

Además, el comité ha explicado que la empresa debe demostrar antes del 3 de julio (la fecha del juicio en la Audiencia Nacional) la rentabilidad de las tres plantas y, sobre todo, de Viscocel, ya que los administradores no autorizarán medidas con un coste económico para los trabajadores de una fábrica que no tendría futuro.

En este sentido, Pérez Portilla ha subrayado que no se trata de presentar un plan de viabilidad, que la empresa puede entregar con posterioridad, sino un documento más amplio que incluya el plan laboral y el "convenio con los acreedores, explicando cuál será la quita, y cómo y cuándo va a pagar Sniace esa deuda". Ese convenio tiene un plazo de presentación de hasta 40 días antes de la Junta de Acreedores, convocada para octubre.

Con todas esas cuestiones sobre la mesa, el comité debe ahora "esperar" a la próxima reunión, que podría celebrarse la próxima semana y con la empresa. Aunque siguen reclamando que el Gobierno regional asista y tutele esos encuentros, ya que diversas cuestiones a resolver competen al Ejecutivo.

El delegado del SUC ha incidido en esta cuestión, apuntando que dependería del Gobierno por ejemplo autorizar una "moratoria en el tema de la Seguridad Social", que sería "clave". Del mismo modo, el representante de CCOO ha vuelto a reclamar que la empresa no incluya en la valoración del Plan Laboral costes que corresponden al proceso de arrancada de la fábrica.