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Torrelavega

El programa Corporaciones Locales y las 228 contrataciones previstas a partir de abril “están en el aire”

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Limpieza

El futuro del programa de Corporaciones Locales de Torrelavega y las 228 contrataciones previstas a partir de abril "están en el aire", después de que una sentencia judicial declare "discriminatorio" que los trabajadores temporales contratados en el marco de dicho programa perciban un salario inferior al de los operarios municipales que desempeñan el mismo puesto. Mientras el equipo de gobierno "baraja recurrir la sentencia", desde la oposición, ACPT afirma que si el alcalde aprueba recurrir el fallo judicial, "habrá perdido toda legitimidad para ocupar ese puesto".

El alcalde informaba este viernes a la Junta de Portavoces de la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander, que estima la reclamación de siete trabajadores contratados por el Ayuntamiento en labores de limpieza entre marzo y septiembre de 2014, y condena al Ayuntamiento a pagar la diferencia salarial de 3.681 euros entre el salario que percibieron y el que fija el convenio colectivo municipal para esa categoría laboral.

El concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, confirmaba en declaraciones a la Cadena SER que desde el equipo de gobierno PSOE-PRC se está valorando recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, sobre todo se va a "estudiar la repercusión que esto puede tener en los programas de Corporaciones Locales, por los cuales el Ayuntamiento hace fomento del empleo". La sentencia, subrayaba el concejal, "indudablemente incide en estas contrataciones que hasta ahora se venían haciendo".

Por su parte, el portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha destacado que la sentencia, además de reafirmar la posición que su grupo "siempre ha mantenido en solitario y frente a tres equipos de gobierno, el resto de partidos políticos y los sindicatos" con representación municipal, declara que las modificaciones del convenio laboral aprobadas para dar cobertura a esa diferencia salarial "no debe aplicarse" y ha de ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal para que "presente demanda de impugnación del convenio colectivo" del Ayuntamiento de Torrelavega.

La sentencia también tendrá graves consecuencias económicas, ha advertido Martínez, para el Consistorio, que podrían llegar a los dos millones de euros, si acuden a los tribunales todos los trabajadores que han pasado por los dos programas de Corporaciones Locales realizados hasta ahora y por los de las Iniciativas Singulares de Empleo (ISEs), algunos de los cuales también podrían entrar en esta reclamación.

El Juzgado de lo Social argumenta en su fallo un "trato diferenciador y discriminatorio inconstitucional", explica ACPT, con una discriminación "de forma doble" en el caso de los siete demandantes (un octavo no ha visto reconocida su reclamación) "ya que por un lado se les discrimina alegando que son temporales, muchos de ellos, como señala la sentencia, mujeres, y por otro alegando que son desempleados".

Para Iván Martínez, esta sentencia "viene a poner fin a las políticas de empleo del hambre que impuso el Partido Popular en nuestro Ayuntamiento, con su presidenta, María Luisa Peón, entonces concejal de Recursos Humanos, al frente, como máxima defensora y con el beneplácito de todos los demás miembros de la Mesa General". La misma, ha añadido, que hace escasos días, "se atrevía a decir que era más digno cobrar 900 euros al mes por trabajar que 426 de ayudas", tras el acuerdo forzado por ACPT con el equipo de gobierno para garantizar el cobro mínimo de 1.000 euros netos mes para todos los contratados en la próxima convocatoria de Corporaciones Locales.

La sentencia también abre, para la formación, el camino a la anulación del convenio laboral actual del Ayuntamiento, "por ser inconstitucional y discriminatorio", lo que a su juicio "es muy grave" y obliga a "asumir responsabilidades", tanto por los partidos políticos como por los sindicatos (UGT, CCOO y APL) que lo apoyaron.

Igualmente, ACPT ha recordado que la equiparación salarial de trabajadores temporales y municipales fue una de las cláusulas del acuerdo que facilitó la investidura del actual alcalde, el socialista José Manuel Cruz Viadero. Por eso, "visto como la sentencia deja claro que el Ayuntamiento de Torrelavega está realizando un acto inconstitucional tan grave como puede ser el discriminatorio, queremos dejar claro al alcalde que hasta ahora este tema podíamos considerar que era un tema heredado para él, pero de recurrir será corresponsable y para nosotros habrá perdido todo la legitimidad para estar ocupando ese puesto".