La PAH denuncia que Liberbank quiere desahuciar a una familia con dos niñas pequeñas de una vivienda de Miengo
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- Publicado el Lunes, 06 Octubre 2014
- Escrito por HoyTorrelavega
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega ha denunciado que Liberbank pretende desahuciar a una joven pareja con dos niñas pequeñas de la vivienda de Miengo en la que residen de alquiler y que ha pasado a propiedad del banco tras una ejecución hipotecaria.
La pareja, Iván y Rut, viven con sus dos niñas, de 3 años y 10 meses, en la vivienda, en la calle Prao Palacio de Miengo, desde 2011, cuando se la alquilaron al padre del joven, mediante un contrato privado de arrendamiento de 300 euros mensuales.
El pasado viernes, Caja Cantabria (Liberbank), a través de su procurador y junto a la juez de paz de la localidad, intentó, según la PAH, proceder a un "desahucio exprés", que finalmente no se llevó a cabo porque no se había procedido a la preceptiva comunicación previa, fijando nueva fecha para el 7 de noviembre. En ese momento, en la vivienda estaba Rut, junto a su bebé, que desconocía que el lanzamiento había sido fechado solo tres días antes mediante auto judicial. que no se había notificado a los arrendatarios.
La PAH ha detallado la difícil situación económica de la familia, ya que Iván tiene un "trabajo precario", cuyo contrato acabará a finales de mes, y Rut cobra una pensión de incapacidad de 300 euros. Además de los problemas para hacer frente a un alquiler mayor, la hija de la pareja ya está escolarizada en Miengo, por lo que la familia no quiere abandonar la localidad.
La Plataforma acompañará este lunes a la familia para solicitar a Liberbank poder quedarse en la vivienda haciendo frente al mismo alquiler de 300 euros que venían pagando hasta ahora. Sin embargo, la PAH teme que la intención de la entidad bancaria y su "fondo buitre" sea desalojar cuanto antes la vivienda para subastarla, argumentando que el contrato de arrendamiento es un "fraude de ley".
De hecho, han apuntado que, cuando Iván tuvo conocimiento en junio de este año que en 2012 Liberbank había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria, "con toda su buena fe", comunicó al Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrelavega que su familia residía en la propiedad desde mayo de 2011, con un contrato de arrendamiento, y puso a disposición del tribunal sus datos bancarios para que la entidad pudiera cobrar desde ese momento el alquiler.
El pasado 30 de septiembre, el joven fue citado ante el Juzgado para que pudiera alegar, "sin ser avisado de su derecho a ser representado por un abogado, ni antes ni durante la vista, a pesar de los intereses fundamentales que defiende, e Iván se presentó a la vista sin conocimientos legales suficientes para defenderse y sin conocer su derecho a ser asistido por un letrado", ha manifestado la PAH.
Según este colectivo, el joven "con toda su buena fe y su desconocimiento de los procedimientos, simplemente se ratificó en su escrito sin más, convencido que en algún momento de la vista podrá aportar todas las pruebas que acreditan que su contrato de arrendamiento es real" y no un "fraude de ley" como denuncia Liberbank.
Sin embargo, el juez aceptó la tesis del banco, considerando "indicios suficientes que el contrato es falso por ser el precio de renta muy baja y por no estar inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad", requisito al que no obliga la Ley, señala la PAH. Las pruebas que el joven intentó presentar "fueron denegadas por el juez alegando que debía haberlo hecho al inicio de la vista", tras lo cual acudió a la PAH como último recurso para intentar evitar el desahucio.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que apoyará a la familia con todos los medios a su alcance, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que la norma española no respeta la protección de los consumidores y es contraria a la Carta de Derechos Fundamentales europea, al no defender el derecho a "la tutela judicial efectiva".
Además de aumentar, subrayan, la "desigualdad entre el profesional y el consumidor" y por "no suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria, ni en apelaciones ni en procedimientos ordinarios". Así, de acuerdo con la Constitución española, "la violación del derecho a la tutela judicial efectiva es causa de nulidad de la resolución", en consecuencia los procedimientos de ejecución hipotecaria, "deben ser declarados nulos", afirma la PAH.