Torrelavega

El concejal de Hacienda niega que la rebaja de la plusvalía a las empresas que se instalen en el municipio se deba a una sentencia judicial

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha recordado que la rebaja del impuesto de plusvalía a las empresas que se instalen en el suelo industrial de Torrelavega se debe a una decisión adoptada por el equipo de Gobierno y no por una sentencia judicial, como hace unos días aseguraba el consejero de Industria, Eduardo Arasti, que atribuía al Ejecutivo regional la medida.

Pérez Noriega ha afirmado que la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para aplicar una bonificación de entre el 50 y el 90%, fue una iniciativa tomada por el equipo de Gobierno PSOE-PRC "y nada tiene que ver con la sentencia judicial a la que se refiere el consejero".

El concejal ha afirmado que, tal y como demuestra esta medida, el equipo de Gobierno "siempre va a velar" por la implantación y mantenimiento de empresas en Torrelavega pese a que desde el Ejecutivo de Cantabria y del PP se quiera "enturbiar" la gestión municipal con declaraciones que "no corresponden a la verdad". También se ha preguntado por qué al consejero Arasti y al Gobierno del PP "solo" le ha preocupado la rebaja de la plusvalía cuando les "tocó pagar a ellos".

Según ha recordado el responsable de Hacienda en un comunicado, el actual equipo de Gobierno lleva trabajando en esta modificación, que ha sido "consensuada" con los empresarios del polígono Tanos-Viérnoles, desde su llegada al Ayuntamiento y no podrá tener carácter retroactivo porque "ha sido imposible".

Su origen, ha explicado, está en la decisión de SICAN de "trasladar a los empresarios el coste de la plusvalía generándoles un sobrecoste" sin tener que en cuenta el "esfuerzo" que han realizado dichos empresarios en estos momentos de "crisis profunda" por mantener y crear actividad.

La modificación establece unas bonificaciones del 50% para centros productivos de hasta 5 trabajadores; del 70% para centros productivos de 6 a 20 trabajadores; y del 90% para aquellas empresas que tengan de 21 en adelante. Entre las condiciones para beneficiarse de las mismas se establece un plazo de 1 año en el que el empresario debe mantener dicha plantilla y el pago de un aval.