Torrelavega

La sentencia del TSJC que obliga pagar 360.000 euros por una “mala expropiación” pone en riesgo muchos proyectos

El Ayuntamiento de Torrelavega ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por una "mala expropiación", a pagar 360.120 euros a los propietarios del solar del barrio de La Inmobiliaria donde se construirá el Centro de Adultos y la Ludoteca. Al comprobar que esta cantidad supone casi el 55% de la partida prevista en el Presupuesto Municipal de 2013, 772.000 euros, para la gestión de suelo, el concejal regionalista Pedro Pérez Noriega ha solicitado al alcalde, Ildefonso Calderón, que explique a la Corporación y a los vecinos de Torrelavega "cómo y con qué criterios se van a dar prioridad a unos proyectos sobre otros".

En opinión de Pérez Noriega, es "evidente" que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria va a "condicionar" el presupuesto municipal en lo relativo a la adquisición de suelo y, por lo tanto, "va a poner en peligro" proyectos importantes para Torrelavega cuya ejecución está pendiente de la adquisición de terrenos. A su juicio, resulta "inaudito la falta de previsión" del equipo de Gobierno (PP) que sabiendo de este recurso (la reclamación de los propietarios era de 947.222 euros) no lo ha contemplado en los actuales presupuestos y ha puesto "en una situación delicada" proyectos pendientes de la gestión del suelo, como puede ser la urbanización de Fernández Vallejo, el vial Ganzo-Duález, la prolongación de Hermilio Alcalde del Río o la rotonda del Puente de los Italianos, entre otras actuaciones.

"Los regionalistas queremos saber qué proyectos van a quedar arrinconados por esta falta de gestión y queremos conocer cómo piensa el equipo de gobierno ordenar en el tiempo la ejecución de los proyectos pendientes, en algunos casos desde hace varios años", ha dicho el concejal en un comunicado.

El recurso de los propietarios afectados por la sentencia, se interpuso en 2010, al estar en contra de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que fijo el justiprecio del terreno en 1.279.984 euros. Los propietarios reclamaban 947.222 euros y finalmente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado parcialmente el recurso y obliga al Ayuntamiento a pagar 360.120 euros.