Torrelavega

ACPT: Un técnico municipal “desmonta” los informes que eximen a AZSA del problema de La Turbera

Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha afirmado que un informe elaborado por el Jefe del Servicio Técnico de Aguas del Ayuntamiento de Torrelavega sobre las filtraciones en La Turbera "desmonta punto por punto" los estudios que en su momento presentaron AZSA, la dirección general de Innovación e Industria, la Comisaría de Aguas y el Instituto Geológico Minero. Estos informes "ponían en duda" que el agua que se filtra en las viviendas de ese barrio procediesen del zanjón de la mina y, por tanto, "eximían a AZSA de toda responsabilidad".

El portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha explicado hoy que, frente a esos documentos, el informe elaborado por el Jefe del Servicio de Aguas, Cesar Martínez Urbina, "considera que lo prioritario es "conocer la procedencia exacta del agua, para poder después acometer las soluciones pertinentes".

Para determinar dicho origen, el técnico propuso el verano pasado al alcalde la colocación de "un piezómetro, con un coste de 12.000 euros, junto a las viviendas que determine la presión que transmite el acuífero de Reocín y, por tanto, si este puede ascender hasta la cotas de la viviendas". Como segunda alternativa propuso "el reinicio del bombeo para bajar el nivel de agua del vaso de la mina hasta la cota +40 metros. "La cota está ahora a +48 metros, por lo tanto, si se rebaja y las filtraciones cesan, conoceríamos que el origen de las filtraciones está en el vaso de la mina", ha señalado el concejal de ACPT.

Este grupo municipal se ha preguntado "por qué no se han seguido las recomendaciones que marca el Jefe del Servicio de Aguas" y ha mostrado su sospecha de que "se está intentando dilatar en el tiempo la implementación de medidas, pues a partir del 31 de Diciembre cesará toda responsabilidad de la empresa AZSA sobre el terreno".

Martínez ha subrayado que, si se acabara determinando que las filtraciones están provocadas por las instalaciones mineras, "cuestión evidente sobre la que el Jefe de Servicio no tiene dudas", a partir del 1 de enero la responsabilidad sobre el problema y, por tanto sobre su resolución, recaería sobre el Gobierno de Cantabria. "Es decir, sobre todos nosotros, una vez más, las administraciones públicas evitando problemas a las grandes empresas para trasladárselos a los ciudadanos", ha criticado.

Según ha explicado, todas estas cuestiones se trataron en la última comisión informativa de Medio Ambiente, en la que estuvo presente el director del CIMA, Leandro Morante, que aclaró que los vertidos que se están produciendo al río en La Turbera "no son peligrosos para los peces" y se comprobó que transcurrido mes y medio desde la aparición de un soplao en ese barrio "aún no se ha encargado a la Universidad el estudio que determine el origen del agua que mana allí", tal y como se acordó en el Parlamento regional.

Por otro lado, el portavoz de ACPT ha explicado que en esa comisión también se trató otro tema "importante", como es la moción sobre la elaboración de una ordenanza municipal que regule la ubicación e instalación de los centros de transformación eléctrica. En la sesión se presentó un informe del secretario municipal "que dice es competencia del Gobierno de Cantabria y que la única regulación que puede hacer el Ayuntamiento está en el ámbito de planeamiento de Planes Parciales, por lo tanto, el acuerdo tomado en pleno es un acuerdo viciado y en el próximo pleno, la corporación ha de desdecirse".

Ante esta nueva situación "que vuelve a poner el tema de los transformadores en vía muerta", ACPT solicitó que fueran los técnicos municipales los que redactasen una petición que se dé curso al Gobierno de Cantabria, "para que este tome las medidas necesarias que den como resultado que en ningún edificio habitado haya transformadores eléctrico".

La propuesta recibió "de forma clara" el apoyo del PRC y fue "asumida" por el resto de miembros de la Corporación, de manera que ACPT "estará vigilante" para que se dé cumplimiento al acuerdo y mantendrá reuniones constantes con los técnicos hasta que la solicitud sea trasladada al Gobierno de Cantabria.