Torrelavega

ACPT solicita paralizar la adjudicación de las 22 viviendas de Campuzano

ACPT ha solicitado la paralización y nulidad del proceso de adjudicación de las 22 viviendas sociales en régimen de alquiler de Campuzano, argumentando que los requisitos para entrar en el sorteo de los pisos "incumple el convenio" suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria. En dicho convenio, el Consistorio cedió los terrenos de propiedad municipal al Ejecutivo regional para la edificación de los pisos por parte de Gesvican, empresa pública dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Sin embargo, denuncian, el Gobierno cántabro ha modificado "unilateralmente" los términos del acuerdo con Torrelavega, dice esta formación, y el Ayuntamiento lo ha aceptado.

 

El principal incumplimiento, explican, es que el convenio limitaba los beneficiarios de las viviendas a familias "pertenecientes al municipio de Torrelavega", mientras que el sorteo se ha abierto a cualquier empadronado en Cantabria. Además, el convenio no limitaba los beneficiarios a jóvenes entre 18 y 35 años y tampoco se recogía que los beneficiarios debían tener unos ingresos mínimos.

"Nos llama mucho la atención cómo el Gobierno de Cantabria cambia unos criterios de forma unilateral para poder acogerse a una subvención del Ministerio de Vivienda", al restringirlo a los jóvenes," y no le duelen prendas a la hora de incumplir el convenio firmado con Torrelavega", ha lamentado el portavoz de ACPT, Iván Martínez. Pero como principal responsable de permitirlo señala al alcalde, Javier López Estrada, por ser "el primero que tenía que haber velado por el convenio y exigido a Vivienda su cumplimiento".

Martínez critica que al alcalde "no le ha importado que las viviendas que se tenían que haber construido únicamente para las familias de Torrelavega, vayan a ser al final para cualquier familia cántabra". A su juicio, esto "viene a demostrar el poco interés tanto del Gobierno de Cantabria como del equipo de Gobierno por paliar una de las situaciones más graves que hay en nuestro municipio: el acceso a la vivienda".

Considera que, "una vez más, queda claro que en Torrelavega tenemos un gobierno sumiso con sus jefes de Santander y que solo están en política para velar por los intereses de unos pocos y no de la inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas".

 

ACPT ha solicitado la "inmediata paralización" del proceso de adjudicación de las viviendas, que está en fase de presentación de solicitudes para participar en el sorteo, a través de tres escritos dirigidos a la Alcaldía de Torrelavega, a Gesvican y a la Comisión, nunca constituida, de Seguimiento del Convenio entre el gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, que fue aprobado en pleno en diciembre de 2016.

Exigen que se anule el proceso en marcha y se comience de nuevo "con unos requisitos que se ajusten al Convenio firmado con el Ayuntamiento"; de lo contrario, ha advertido Martínez, "serán responsables de las consecuencias que se produzcan con una incorrecta adjudicación de las viviendas y después no valdrá lamentarse ni pedir perdón".

Las 22 viviendas sociales en régimen de alquiler están en plazo de solicitudes para participar en el sorteo, anunciado para la segunda quincena de marzo. Se trata de viviendas de  La promoción está formada por 14 pisos de 2 dormitorios y 8 de tres dormitorios, además de una adaptada a personas con movilidad reducida. El contrato tendrá una duración máxima de 7 años, y el precio oscilará entre 240 y 395 euros mensuales, con plaza de garaje incluida.

El convenio, en su exponendo VI se dice que "(...) para con ello ayudar a resolver las necesidades de vivienda de alquiler de aquello vecinos de Torrelavega que no pueden acceder a una vivienda en este régimen en el mercado libre", aunque finalmente la convocatoria se ha abierto a personas de toda Cantabria. Este punto conllevaría el segundo incumplimiento denunciado por ACPT, que "la convocatoria no se ha dirigido a familias con escasos recursos que no pueden acceder al mercado libre de alquiler, sino que se ha dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años". El tercer incumplimiento es que "se ha impuesto la necesidad de tener unos ingresos mínimos, cuando el convenio y el Real Decreto por el que se han de basar estos requisitos en ningún momento hablan de ingresos mínimos", concluye ACPT.