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Torrelavega

Piden cuatro años y tres meses de cárcel para el acusado de estafar a la empresa del tanatorio de La Llama y falsificar documentos oficiales

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La Fiscalía pide una condena de cuatro años y tres meses de cárcel para el acusado de los delitos de estafa y falsedad documental de los que habrían sido victimas la empresa promotora de la construcción del tanatorio de Miravalles y el Ayuntamiento de Torrelavega. Además, la Fiscalía solicita para el acusado de apropiarse de 110.000 euros una multa de 8.100 euros y que la empresa sea indemnizada en la cuantía en que fue indebidamente apropiada, tal y como desveló HoyTorrelavega en octubre de 2016.

 

Este miércoles, 23 de mayo, comenzará en la Audiencia Provincial, a las 9.30 horas, el juicio, mediante procedimiento abreviado, contra el presunto autor de estafa y falsedad documental, cuando en su calidad de intermediario de la empresa que construyó el tanatorio junto al cementerio de La Llama, se apropió de los 110.000 euros que la promotora debía depositar como aval ante el Ayuntamiento por el vial que, según el planeamiento urbanístico, debía cofinanciar.

La empresa promotora del tanatorio y el Ayuntamiento de Torrelavega acudieron a los tribunales tras detectar una presunta estafa y falsificación de documentos oficiales. Según las denuncias publicadas HT, tras la construcción del tanatorio, la promotora debía cofinanciar la construcción del vial que comunicará esa zona de Miravalles con el Bulevar Ronda, aportando dos tercios del presupuesto, 110.000 euros.

Los hechos se destaparon al reclamar el Ayuntamiento a la empresa su parte y asegurar ésta que ya la había aportado, presentando los documentos que tenía en su poder acreditando el pago y que el Consistorio advirtió que eran falsos.

El promotor explicó al Ayuntamiento que había entregado el dinero a la persona que dirigía el proyecto para que hiciera el pago, recibiendo un mandamiento firmado por la tesorera y una comunicación firmada por el secretario municipal. Posteriormente, se comprobó que para la orden de pago se había cogido un documento real y se había modificado el texto hasta hacerlo coincidir con la cantidad supuestamente pagada, mientras que la firma del secretario habría sido falsificada.

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