Economía

Gómez de Liaño se compromete a buscar “vías de solución inmediata” pero asegura que a día de hoy “no puede abrir Sniace”

La reunión tripartita sobre Sniace ha terminado con cierta sensación de optimismo pero sin que en ningún caso se pueda afirmar que los problemas de la empresa están solucionados o que el futuro de la plantilla está más seguro. El coordinador de la dirección, Miguel Gómez de Liaño, ha vinculado el futuro de Sniace a la entrada en vigor de la reforma energética y ha emplazado a las decisiones que este jueves tome el Consejo de Administración de la compañía.

Por el lado positivo, Gómez de Liaño ha asegurado que atenderá "mucho a los ruegos de los trabajadores" y tratará de "exponerlo así ante al Consejo" y de "encontrar vías de solución inmediata", para "mañana mismo". Por el lado negativo, también ha afirmado que "en las condiciones de esta incertidumbre que pesa sobre la compañía, sin saber qué escenarios podemos concretar a la hora de calcular toda una serie de rentabilidades, la empresa no se puede abrir".

En cuanto a las otras partes sentadas a la mesa, el presidente Diego ha afirmado que el Gobierno ha hecho un "esfuerzo ímprobo, con unos resultados extraordinarios" y ha cumplido todo lo solicitado por la dirección, que ahora debe decidir sobre el futuro de Sniace. Mientras, el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, se ha mostrado "moderadamente optimista" y ha insistido en que no sería entendible que la empresa pueda cerrar por que los asuntos pendientes se concreten un par de meses antes o después.

Durante casi tres horas y media, Gobierno regional, empresa y comité han analizado la situación y han cotejado las versiones que cada parte maneja sobre medidas, fechas y cuantías económicas. Por parte del Gobierno, el presidente, Ignacio Diego, los consejeros de Industria y de Medio Ambiente, Eduardo Arasti y Javier Fernández, así como diferentes técnicos, entre los que figuraban el responsable del Ciclo Integral del Agua o el director del CIMA.

Por la empresa, Gómez de Liaño, el director de Servicios de Sniace, González Payno, entre otros. Y por los sindicatos, los delegados de cada sección y sus asesores, María Jesús Cedrún (UGT), José María Gruber (SUC) y Juan Cortés (CCOO). Mientras en la calle cerca de 200 trabajadores esperaban frente al Gobierno regional noticias sobre su futuro.

Al término de la reunión, Gómez de Liaño ha asegurado que "habrá que esperar el transcurso de determinados acontecimientos, para que el arranque de la empresa sea un arranque definitivo, no meramente especulativo esperando ver qué acontecimientos se pueden volver a producir". A su juicio, "tenemos que vivir ya de realidades y saber con muchísima exactitud cuál es el verdadero futuro de la compañía, no ahora, sino el futuro que realmente desean todos los trabajadores".

El coordinador de la comisión directiva de Sniace ha explicado que mañana el Consejo de Administración valorará lo tratado en esta reunión, en la que algunos temas se han concretado pero en otros, "sin entrar en polemizar", las valoraciones y especulaciones de la empresa "son de signo muy diferente a las que algunas veces el propio Gobierno de Cantabria pretende manejar.

Los miembros del Consejo también valorarán la petición del comité de que se retire el expediente de extinción y se presente otro de regulación para dar plazo a la puesta en marcha de soluciones. A este respecto, Gómez de Liaño ha señalado que el actual expediente, por razones técnicas, no se puede retirar, pero su conclusión no tiene por qué suponer el despido de los 533 trabajadores afectados, dejando la puerta abierta a convertirlo en salida de una parte de la plantilla mediante prejubilaciones, algo que se verá en el periodo de consultas previsto.

Según ha dicho, la decisión del Consejo de Administración depende de dos factores, la regulación medioambiental y la reforma energética. Sobre el primer asunto, ha considerado que el Gobierno ha conseguido "resultados muy notables" y se ha garantizado que a finales de septiembre estará aprobada la nueva regulación y Sniace podrá solicitar una nueva Autorización Ambiental Integrada.

"Me preocupa más la incógnita que pesa en el tema energético; hoy por hoy no se me convencen de que en meses próximos estemos ante una solución definitiva que permita a la empresa valorar exactamente dónde estamos y que se va a obtener", ha asegurado Gómez de Liaño.

El secretario del comité ha dicho que el objetivo de los trabajadores ha sido reclamar la retirada del expediente de extinción y ofrecer la posibilidad de uno de regulación "para dar plazo a la empresa para que todo esto se adapte y podamos tirar adelante con la fábrica", y en el mismo sentido tratar de "materializar la arrancada de la factoría".

Los trabajadores no olvidan las dificultades que hay sobre la mesa, como el preconcurso de acreedores que "sin tardar mucho" se convertirá en concurso de acreedores. También se han hecho patentes que hay "diferencias" en las valoraciones de las medidas anunciadas que hacen Gobierno y empresa. "Bajo nuestra opinión esas divergencias han quedado reducidas a mínimos, lo que ocurre es que esos mínimos en la situación económica que está Sniace resultan un problema", ha dicho.

"Todavía para ver nuestro futuro, desgraciadamente vamos a tener que esperar a mañana, para ver qué decide el Consejo de Administración", ha señalado Pérez Portilla que, pese a todo, ha visto a la dirección de Sniace "más optimista y reconociendo que se había avanzado y concretado" los aspectos pendientes: "céntimo verde", canon, reforma energética y parámetros ambientales.

El presidente regional, por su parte, considera que, "como ha sido siempre", la decisión está en manos de la empresa, que, ha recalcado, durante la reunión ha reconocido que "saldrá beneficiada" con la reforma energética que va a aplicar el Gobierno y que estará lista "en uno, dos o tres meses".

Para Diego, la dirección de Sniace ha aprovechado el "céntimo verde" para pedir otras cosas, como las cuestiones ambientales o el canon. Sobre este último, el Gobierno ha dejado claro que "es igual para todos", pero ha recordado que gracias a los "esfuerzos" realizados por la empresa para mejorar la depuración de aguas se verá sensiblemente rebajado, a unos 800.000 euros al año. En cuanto al tema ambiental, ha asegurado que se ha conseguido "algo que parecía imposible", incluso a él mismo.

Por ello, ha concluido asegurando que el futuro de la factoría torrelaveguense no depende ni del Gobierno regional ni del central, sino única y exclusivamente de la empresa y sus trabajadores.