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Torrelavega

Un grupo de vecinos de Duález pide que se derogue la autorización ambiental de Sniace

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 Un grupo de vecinos de Duález, formado por trece familias de ese pueblo, ha pedido al Gobierno de Cantabria que derogue la autorización ambiental de Sniace y animan a los vecinos de Torrelavega, Suances y Santillana del Mar a "auto organizarse" y exigir a sus ayuntamientos y grupos municipales a defenderles "de forma activa" contra la "contaminación del aire, de las aguas y el riesgo de accidentes graves en el entorno donde habitan, trabajan y disfrutan" que a su juicio supone la factoría.

El portavoz de este grupo, Florentino Muñoz Lunate, defiende que el hecho de que no se les hayan facilitado las actas e informes de las inspecciones ambientales que "en teoría parece ser se han realizado", a pesar de haberlos exigido, supone que "se nos ocultan datos sensibles del deterioro y la eficacia de las instalaciones industriales y ambientales de las empresas de Sniace", han explicado hoy en un comunicado.

 

Igualmente acusa a "el Gobierno entero, el Parlamento, los partidos políticos, grupos municipales y sindicatos" de "guardar silencio" o dar su "apoyo explícito" a Sniace, y piden tomar parte en las decisiones sobre las autorizaciones ambientales que se concedan a la empresa.

Según recuerda, este grupo de trece familias lleva diez años luchando "por el futuro y la calidad de vida de y en nuestro pueblo", y este año han instado a través de escritos dirigidos a las consejerías de Medio Ambiente y de Industria a que se les "garantice escrito que las instalaciones de Sniace, incluso estando sin actividad no son un peligro para la vida de las personas y para la salud ambiental de nuestro pueblo y de la comarca". Quieren que se les garantice que las instalaciones de Sniace, "en las que se almacenan en depósitos gran cantidad de gases y líquidos altamente peligrosos y tóxicos, están en perfectas condiciones de seguridad ambiental y utilidad en previsión de accidentes".

Muñoz Lunate asegura que desconocen el estado de las instalaciones desde hace dos años, ya que el Gobierno de Cantabria no ha remitido a este grupo de vecinos información técnica ni ambiental "que garantice que las instalaciones industriales, sus depósitos, tuberías, turbinas, están en perfecto estado para empezar a funcionar" y que no van "a ver explosiones, ruidos, envenenamiento del aire, olores, vertidos salvajes, accidentes en las subestaciones eléctricas y ocupaciones del territorio y la tierra que no les pertenece".

Añade que les preocupa "en especial" los depósitos de "sulfuro de hidrogeno, del dióxido de azufre, de ácido sulfúrico, las turbinas y las conducciones de gas de la central de cogeneración, el estado de las calderas de carbón y todo su instalación adyacente", por su "repercusión en la seguridad de nuestras vidas, de nuestro patrimonio y del entorno ambiental donde vivimos".

Además, se refieren a los contaminantes al aire, el ruido, los olores, la proximidad a sus viviendas de las "centrales térmicas deterioradas" y las cerca de "600 toneladas" de lodos y fangos "almacenadas, esperando a ser vertidas, si no se están o se han estado vertiendo ya", cuestiona Muñoz Lunate. "Informes oficiales dan como resultado que durante los días del 1 al 9 de agosto las aguas de la playa de La Concha no eran aptas para el baño, las causas no han querido ser confirmadas públicamente o por escrito así como las analíticas de las muestras tomadas", asegura.

Muñoz Lunate critica que Gobierno, Parlamento, partidos, grupos municipales y sindicatos estén "cooperando con una empresa a la que acusa de carecer "de responsabilidad industrial, social económica y ambiental", y de tener un historial plagado de "irregularidades, delitos, condenas penales, sanciones, multas, mentiras, desprecios, chantajes, amenazas, subvenciones concedidas y no devueltas de proyectos fracasados y no construidos, como la planta de bioetanol, 7,2 millones, que desconocemos su paradero y que hemos exigido su devolución, sueldos millonarios de miembros del Consejo de Administración, incluso con las empresas cerradas y sin actividad, como en la actualidad".

Insiste el portavoz de esas trece familias de Duález en que "Gobierno, Parlamento, partidos políticos, sindicatos, grupos municipales y corporaciones siguen defendiendo planteamientos industriales, económicos, sindicales, ambientales ya caducos, sin futuro, y lo que es peor impidiendo que otros lo tengan".

Este grupo de vecinos ha solicitado a organismos oficiales conocer los informes de las inspecciones ambientales; así como participar en la toma de decisiones sobre las autorizaciones de Sniace y el estado de sus instalaciones, "ya que las leyes amparan y protegen esa participación". Critican que la información "de los vecinos afectados y ciudadanía" no ha existido, y que los ayuntamientos afectados no parecen estar "interesados" en ello, y unos "apoyan explícitamente la reapertura e inicio de la actividad", como Torrelavega, y otros permanecen "en silencio interesado", como Santillana del Mar y Suances.

También han pedido la "derogación de la autorización" ambiental de Sniace y que no se lleve a efecto ésta ni "otras que vendrán" sin "contar con la ciudadanía y vecinos afectados e interesados"; y el cumplimiento de las "sentencias que anulan peticiones de Sniace con la que pretendían contaminar brutalmente la ría San Martín, provocar olores con los fangos y lodos en toda la zona del entorno de la depuradora: Duález, Barreda, Viveda, Complejo Deportivo Oscar Freire, barrios y centro de Torrelavega". Además de las que "anulaban la solicitud por parte de Sniace de ocupación de terrenos públicos, autorización para producir olores, ruidos, almacenamientos de carbón y poder contaminar el aire en picos aislados, al inicio de la actividad empresarial".