Torrelavega

El TSJC anula la decisión del Ejecutivo regional y reconoce el derecho del SERCA a la subvención para un proyecto para contratar 37 parados

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado la decisión del anterior Ejecutivo regional y ha dado la razón al Ayuntamiento de Torrelavega, reconociendo el derecho del Patronato Municipal de Educación a concurrir a la convocatoria de Corporaciones Locales y condenando a la administración a pagar "la subvención que proceda" para contratar en el SERCA 37 desempleados durante seis meses y desarrollar el proyecto de revalorización de espacios que fue rechazado, y para el que se solicitaba una ayuda de 185.000 euros. La sentencia condena además al Gobierno de Cantabria al pago de las costas judiciales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado íntegramente el recurso promovido por el Patronato Municipal de Educación, contra el acuerdo del 15 de enero de 2015 del Consejo de Gobierno que inadmitió la solicitud de subvención presentada a las convocatoria de Corporaciones Locales por este organismo, para el proyecto "Revalorización de espacios públicos urbanos y conservación de zonas naturales", a desarrollar por el centro especial de empleo SERCA, en el que trabajan personas con discapacidad.

Para el equipo de Gobierno de Torrelavega la sentencia viene a confirmar que la decisión del Gobierno de Cantabria fue un ejemplo más del "maltrato de Ignacio Diego a Torrelavega, y más aún después de la moción de censura" con la que PSOE y PRC desalojaron al PP de la Alcaldía.

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, subraya que la consecuencia de aquella decisión "injusta" fue que 37 personas con discapacidad no pudieron trabajar durante seis meses, y se pregunta si se trató de "una represalia o un gran error". Mientras, el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, considera que el fallo del TSJC deja claro que el proyecto no se rechazó por criterios "técnicos", como defendió el PP regional y local, sino que fueron motivaciones "políticas".

Ahora se realizarán las consultas pertinentes al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno regional para ver de "cómo se va a reparar la situación". En este sentido, el alcalde ha señalado que la petición del Ayuntamiento será recibir la subvención para "desarrollar el programa", que va dirigido a la contratación de desempleados con "especiales dificultades" para encontrar trabajo, como son las personas con discapacidad. Sin embargo ha expresado ciertas dudas de que eso sea posible, ya que se trata de una convocatoria de subvenciones de 2014 y tiene el convencimiento de que los 185.000 euros de la subvención reconocida por el TSJC se habrán "gastado" íntegramente en otras cosas.

Tanto Cruz Viadero como López Estrada han llamado la atención sobre la importancia de la sentencia, no solo por el reconocimiento que hace del derecho a subvención, sino porque confirma la legitimidad del Patronato Municipal de Educación de concurrir a estas convocatorias. Así, este año el Patronato no había presentado proyectos, previendo que pudiese ocurrir "lo mismo que el año anterior", pero volverá a concurrir en próximas ediciones.

Ese es uno de los argumentos que se recogen en la sentencia para anular la decisión del Gobierno de Cantabria, recordando que en las convocatorias de 2011, 2012 y 2013, el Patronato de Educación fue subvencionado y realizó contrataciones, sin que el Ejecutivo justificase adecuadamente para el TSJC los motivos del cambio de criterio. La sentencia también señala que el Patronato es entidad pública vinculada al Ayuntamiento, por tanto "entidad local" –a las que va dirigida la convocatoria de subvenciones-, igualmente coincide con el objeto de la convocatoria el fin de contratar a personas desempleadas y la capacidad técnica para desarrollar el proyecto presentado.