Torrelavega

ACPT pide la reprobación del concejal de Medio Ambiente por su “desidia” en la gestión del problema de La Turbera

Asamblea Ciudadana Por Torrelavega ha presentado una moción plenaria en la que pide que, con carácter de urgencia, la Consejería de Industria cofinancie el estudio que permita determinar el origen de las filtraciones de agua en las viviendas de La Turbera. En la moción también piden la reprobación del concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, por su "desidia" en la gestión de este problema que afecta a varias familias de ese barrio de Torres.

La formación explica que tras dos años al frente de la Concejalía de Medio Ambiente, Urraca no ha conseguido "buscar una solución definitiva para resolver el problema que sufren las y los vecinos de La Turbera", que llevan desde 2011 padeciendo humedades y filtraciones en sus casas y soplaos en los jardines.

Respecto a las medidas para avanzar en la solución, ACPT pide que se exija a la Consejería de Industria la "cofinanciación de la propuesta de adecuación" descrita en un estudio previo realizado hace unos meses, para determinar definitivamente el origen de las filtraciones. También reclama que se mantenga el nivel de bombeo del zanjón de la antigua mina de AZSA "hasta la cota +40m como máximo".

Además, propone la creación urgente de una mesa de trabajo para el seguimiento del problema de La Turbera, formada por un miembro de cada grupo político, el director General de Industria, el ingeniero de Aguas del Ayuntamiento, el secretario municipal, y un representante de los vecinos afectados.

Finalmente, solicitan el cierre inmediato del expediente sobre La Turbera "que continúa abierto pese a las irregularidades detectadas en la Concejalía de Medio Ambiente", y la apertura de uno nuevo en la Gerencia de Urbanismo, "que permita actuar de forma subsidiaria al ayuntamiento para resolver esta situación".

El estudio que según un informe previo podría determinar sin lugar a duda el origen de las filtraciones tiene un presupuesto estimado de 35.000 euros. Sin embargo, según un informe del interventor, el Consistorio no puede financiar porque se trata de un problema en una propiedad privada y que no ha sido generado por el Ayuntamiento. La cooperación de otra administración permitiría dar cobertura legal a esa actuación.