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Torrelavega

ACPT recurre el archivo de las diligencias por la presunta manipulación del convenio de La Carmencita

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ACPT ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega de archivar las diligencias por la presunta manipulación del convenio urbanístico de La Carmencita. La formación entiende que el juez no ha realizado las "diligencias necesarias" para concluir si existe o no prescripción de los hechos, como también asegura el juez en su auto.

El portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha señalado que el recurso se acoge a los argumentos del fiscal, de que no habría prescrito el posible delito si el empresario inmobiliario Luis del Río Diestro era conocedor de la falsedad del documento urbanístico firmado en 2003 y a sabiendas de ello lo intentó hacer valer ante un Juzgado para presentar una reclamación de 4,5 millones de euros contra el Ayuntamiento de Torrelavega por incumplimiento de convenio.

Martínez ha señalado que para esclarecer si el empresario era conocedor de los hechos sólo se ha contado con su declaración del pasado 20 de febrero, sin atender la petición del propio Ayuntamiento de que se citase como testigos a funcionarios municipales y exconcejales de la Corporación, incluidos el ex alcalde Javier López Marcano y el ex gerente de Urbanismo Pablo Sámano, que tramitó el convenio objeto del contencioso.

A juicio de ACPT, los torrelaveguenses "tienen derecho a conocer la verdad", a saber si hubo falsedad o no en el convenio y a que, en caso de haberla, se juzgue a los culpables para que se esclarezca lo ocurrido con el convenio de La Carmencita, por eso "continuará adelante" con este contencioso.

Las diligencias ahora archivadas, fueron ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y se iniciaron en julio de 2014 tras la denuncia de ACPT, que acusaba al empresario y al ex alcalde Javier López Marcano de un delito de falsificación, sosteniendo que el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la promotora Terrenos de Adarzo había sido alterado, cambiando antes de su registro ante notario una cláusula respecto al texto aprobado en pleno.

El magistrado considera que "no consta por ningún lado" la comisión del delito que denunció ACPT y ni siquiera la participación del empresario imputado en la redacción del convenio urbanístico, ya que "incluso la firma de la escritura la realiza un apoderado suyo".

En el auto, se hace constar que el además el posible delito denunciado, la alteración de documento público, estaría "prescrito", porque tuvo lugar en 2003. El juez, señala que por tanto no procede llama a declarar en calidad de imputados a quienes participaron en la redacción, aprobación y firma del documento urbanístico de La Carmencita.

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