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Torrelavega

El TSJC desestima la denuncia contra Marcano porque los presuntos delitos de “prevaricación” y “falsedad documental” han prescrito

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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado la denuncia presentada por ACPT contra el ex alcalde de Torrelavega Javier López Marcano porque los presuntos delitos de "prevaricación" y "falsedad documental" en el convenio urbanístico de la finca de La Carmencita de que le acusaban han prescrito.

Los magistrados consideran que la última actuación realizada por López Marcano en el convenio se produjo el 23 de mayo de 2003, el día de la firma de la escritura pública de permuta ante notario, por lo que el presunto delito de "manipulación" y "falsificación" del documento ha prescrito por haber transcurrido los diez años que fija el Código Penal.

El TSJC señala en cambio que no ocurre lo mismo con la denuncia contra Luis Del Río Diestro, representante de la inmobiliaria Terrenos de Adarzo, al que ACPT también acusaba de "falsedad documental". En este caso, se hace constar que el delito no habría prescrito, ya que el acuso realizó otra intervención en 2008, al solicitar al Ayuntamiento un cambio de sistema de actuación en los terrenos objeto de la permuta firmada en el convenio.

Ante esto, el Tribunal Superior ha ordenado la remisión de las actuaciones contra Luis Del Río al Juzgado de Instrucción de Torrelavega, dado que el acusado no goza de la condición de aforado que sí tiene en su calidad de parlamentario regional López Marcano, y por tanto no compete al TSJC la instrucción de la denuncia.

"López Marcano se salva por la injusticia de las leyes, no porque el TSJC diga que no se ha cometido un delito, sino porque los hechos han prescrito", ha valorado el portavoz de ACPT, Iván Martínez. A pesar del Auto del TSJC, ha mostrado su convicción de que sí se produjo una "falsificación" del documento, entre el texto del convenio urbanístico que aprobó el pleno y el que se registró ante notario.

Además, consideran "muy grave que haya habido técnicos y políticos que han mirado para otro lado cuando vieron que el convenio era diferente, e insisto en los técnicos", ha dicho Martínez, añadiendo que "pediremos responsabilidades a quien proceda por haber mirado para otro lado y por haber dejado prescribir los delitos en la persona del ex alcalde".

También llama la atención ACPT sobre el hecho de que no haya sido hasta agosto de 2013 cuando se ha producido la reclamación de Terrenos de Adarzo contra el Ayuntamiento de Torrelavega, reclamando unos 4,5 millones por la imposibilidad de ejecutar el aprovechamiento urbanístico que se estableció en el convenio de permuta por el que la inmobiliaria cedió al Consistorio dos fincas de La Carmencita a cambio de una mejora en otros terrenos en el Plan Parcial Coteríos, que no fue desarrollado como estaba previsto.

"Este dato nos confirma aún más en la idea de que el Ayuntamiento de Torrelavega, todos los ciudadanos, estamos siendo objeto de un auténtico robo, de una estafa, calculada hasta el extremo de esperar el transcurso de una década para beneficiarse de las prescripciones de los delitos".

ACPT argumenta que es precisamente la cláusula "manipulada" en el convenio, cuya redacción cambiaría entre el texto aprobado por la Corporación en pleno y el registrado en las escrituras notariales, el que esgrime Terrenos de Adarzo para reclamar la indemnización al Ayuntamiento.

Igualmente recuerda que las dos parcelas de la finca de La Carmencita objeto del convenio fueron valoradas en su permuta en unos 3,8 millones de euros, cuando Terrenos de Adarzo pagó por ellas poco antes, a sus propietarios originales, unos 900.000 euros.

Pese a la decisión del TSJC, ACPT sigue pidiendo que se declare la nulidad del convenio urbanístico "manipulado" entre el Ayuntamiento y la inmobiliaria Terrenos de Adarzo, "se devuelvan las fincas a su propietario, Luis Del Río, por su valor real, y se paralice de inmediato la construcción del Centro de Emprendedores en La Carmencita". Una decisión, subrayan, "que puede ahorrar al Ayuntamiento de Torrelavega casi cuatro millones de euros".

Además, Martínez ha asegurado que su formación está "satisfecha de estar haciendo todo lo posible por defender los intereses de los ciudadanos, frente a la pasividad de todos los demás partidos, que ahora y durante diez años atrás, han estado y están mirando para otro lado, mientras se intentan vaciar las arcas municipales, con el agravante de manipulación de los acuerdos adoptados en pleno".

El origen del asunto se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento de Torrelavega suscribió un convenio de permuta con la empresa Terrenos de Adarzo, para hacerse con la propiedad de varias parcelas en la finca de La Carmencita, a cambio de aumentar los aprovechamientos urbanísticos en otros terrenos que la inmobiliaria tenía en la zona de Coteríos.

ACPT asegura que existen diferencias de redacción entre el convenio aprobado por la Corporación en 2003 y el que se registró ante notario ese mismo año, dos días antes de las elecciones municipales, y que es la cláusula presuntamente añadida la que ahora invoca la empresa para solicitar una compensación económica, porque la falta de desarrollo del Plan Parcial Coteríos impidió ejecutar los aprovechamientos firmados.

También hace hincapié en que Terrenos de Adarzo compró las fincas de La Carmencita en 937.578 euros "dos días antes" del pleno que aprobó el convenio urbanístico, y donde se valoraron los terrenos en 3.895.678 euros. Todo ello además, "sin que se comprobasen las escrituras de propiedad" del solar y sin conocer si sobre ellas pesaban cargas, ya que se tramitó como una "simple escritura de permuta" para "eludir el trámite de información al ciudadano" y que en 2008

El portavoz de ACPT ha detallado además que en 2008, cinco años después de firmarse el convenio, Terrenos de Adarzo solicitó al Ayuntamiento una modificación urbanística de los terrenos donde se le habían concedido los aprovechamientos, subrayando que la petición iba firmada por la misma persona que en 2003 era gerente de Urbanismo de Torrelavega y encargado de tramitar el de La Carmencita.

Según ha dicho, uno de los objetivos de la denuncia era paralizar la reclamación judicial de Terrenos de Adarzo contra el Ayuntamiento, cuya vista oral se celebrará el próximo 28 de julio, y que de perderse puede llevar "a la quiebra" al Consistorio, ya que la reclamación representa el 10% del presupuesto municipal.