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Torrelavega

El Defensor del Pueblo vuelve a pedir al Ayuntamiento que atienda las demandas de Lasaga Larreta contra el transformador

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El Defensor del Pueblo ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Torrelavega que atienda las peticiones de los vecinos del número 33 de Lasaga Larreta, que llevan años reclamando la retirada del transformador de E.On instalado en los bajos del edificio, en un local propiedad de la comunidad, ocupado sin su autorización y que no dispone de "licencia de actividad".

Los afectados se han reunido hoy con la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, y con el concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, que les han comunicado este segundo requerimiento del Defensor del Pueblo –el primero se produjo a mediados de 2013- para que se realicen mediciones para determinar los niveles de ruido y vibraciones que provoca el transformador en las viviendas.

Sin embargo, los vecinos siempre se han negado a realizar nuevas mediciones, porque sospechan que la compañía eléctrica puede "manipular" telemáticamente el funcionamiento del transformador. Del mismo modo, han argumentado las dificultades para encontrar una empresa que de forma independiente quiera asumir la realización de unas mediciones que podrían enfrentarles a la eléctrica.

Los vecinos insisten en que se sienten indefensos ante las administraciones y por eso han enviado una carta al Parlamento Europeo denunciando la situación que padecen desde 2008, cuando se instaló el transformador en los bajos de su edificio.

Así se lo han transmitido a la alcaldesa y al responsable del Medio Ambiente, a los que han pedido actuaciones rápidas, recordando que la inacción del Ayuntamiento ante la situación del transformador supone "desprotección omisiva del derecho a la vida y la salud" de los vecinos e incumple el principio que obliga a la administración a no permitir el ejercicio de una actividad peligrosa sin licencia municipal.

Ruiz Salmón ha manifestado la intención del nuevo equipo de Gobierno PSOE-PRC de buscar soluciones a este problema y se ha mostrado "receptiva" a su problema, según los vecinos, a los que ha pedido un plazo de un mes para estudiar los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y poder plantear una posible solución.