USO no firmará al preacuerdo de reestructuración de la planta de Solvay porque es “inmoral” y roza la “ilegalidad”

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USO no firmará el preacuerdo de reestructuración de la planta de Solvay porque es "inmoral e inaceptable", y porque no supondrá 80 prejubilaciones, como ha anunciado la empresa, sino la salida de 78 trabajadores mediante "despidos improcedentes voluntarios pactados con los mayores de 61 años", en un procedimiento que según este sindicato "bordea la ilegalidad".

El representante de USO en Solvay, José Vía, ha explicado hoy que ese procedimiento "alegal" tiene "riesgos" para los trabajadores en cuanto a la prestación por desempleo, que recibirán una indemnización de 8,37 días por año trabajado, por debajo de los 20 que establece la ley.

Además, ha destacado que si no se alcanza el número de "voluntarios" necesario, la empresa ejecutará "despidos traumáticos en el personal de contratas" necesarios hasta completar la cifra de salidas prevista, para que sus puestos sean ocupados por personal de la plantilla.

Igualmente, Vía ha advertido que a estos 80 despidos le seguirán en 2015 no solo los 12 pospuestos ahora, sino los que se producirán por el "cierre total o parcial" de la planta de productos clorados, según ha dicho, confirmado por la empresa durante la negociación y que afectará a unos 40 trabajadores más.

USO, ha avanzado, sólo firmará este viernes el preacuerdo, alcanzado por la dirección de Solvay y UGT, si se aceptan unos "mínimos", que pasan por evitar los despidos traumáticos en las contratas, que se acepte la jubilación parcial con contrato relevo de los 13 trabajadores cuya contratación ha sido aceptada por Solvay y que se maticen algunos puntos del Pacto de Aplicación para el personal del nuevo horario.

Este sindicato reclama que se saque el recorte de empleo del marco del convenio colectivo, para que se facilite a los trabajadores y a Solvay acceder a las nuevas ayudas extraordinarias previstas para las empresas en proceso de reestructuración.

José Vía ha recalcado además la necesidad de que se establezca un proceso de selección para las nuevas incorporaciones, en el que se contrate a los mejor puntuados y el resto pase a una bolsa para cubrir futuras contrataciones y que todo ello se haga "sobre criterios transparentes y objetivos, previamente acordados entre comité y empresa.

El portavoz de USO reclama que con eso se ponga punto y final al "trapicheo de las contrataciones con la afiliación sindical". Según ha dicho, una "situación actual que calificamos de corrupción moral y que UGT viene practicando con la permisibilidad de Solvay" y ante la que las administraciones públicas "miran para otro lado".

Según Vía, "resulta incomprensible que se despida por la puesta de delante y a la vez se acepte contratar por la puerta trasera, aceptando el despido de compañeros de las contratas, con lo que las nuevas contrataciones siguen el modelo de clientelismo, enchufismo y el trato de favor a UGT, algo que es auténtica corrupción moral".

En resumen, consideran que con las condiciones exigidas se llegaría a un "acuerdo sin tacha legal, más seguro, decente, solidario y económicamente más favorable para los trabajadores de Solvay".

El preacuerdo, alcanzado por la empresa y UGT, será presentado este viernes para su firma a los sindicatos y antes de su aprobación por el comité será sometido al refrendo de la plantilla. USO, según ha avanzado Vía, no lo firmará y hará campaña en contra del acuerdo entre los trabajadores, salvo que se acepten sus exigencias.

El comité de empresa de Solvay está formado por 7 delegados de UGT, 4 de USO y 2 de Comisiones Obreras.

La plantilla de Konecta pide medidas cautelares hasta que se falle el recurso contra la sentencia que avala su traslado

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Los trabajadores de Konecta han decidido hoy en asamblea recurrir la sentencia que avala la decisión de la empresa de cerrar el call center de Torrelavega y pedir medidas cautelares para que no se ejecute el traslado de la plantilla hasta que se falle el recurso. Si el recurso resultara positivo para los intereses de los trabajadores solo sería aplicable en aquellos que siguieran en la empresa y no hubieran pedido la extinción del contrato.

Después de la asamblea, unas 60 personas se han dirigido al Ayuntamiento de Torrelavega para intentar acceder al Pleno, donde la oposición iba a exigir al alcalde, Ildefonso Calderón, explicaciones sobre sus gestiones en el caso Konecta-Golden Line. La policía local ha hecho valer el aforo de 30 personas en el público implantado por el equipo de Gobierno el mes pasado y solo ha dejado pasar a una docena de trabajadores de Konecta.

Al iniciarse el pleno los que habían pasado han reclamado que se permitiera entrar a todos los compañeros y han amenazado con interrumpir la sesión en caso contrario, ante lo que el alcalde ha aceptado que el resto siguiera el debate desde las escaleras.

Llegado el turno de ruegos y preguntas, el PRC ha pedido alcalde que detallase las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la moción aprobada por unanimidad en agosto, instando a la Consejería de Industria, al Gobierno regional, a la empresa y al Banco Santander, a evitar la marcha de Konecta de Cantabria y la pérdida de 150 empleos en Torrelavega.

El portavoz regionalista, Pedro García Carmona ha pedido a Ildefonso Calderón que en atención a los trabajadores "ya despedidos" y que "no merecen esperar", esta vez respondiese verbalmente. El alcalde ha dicho que había hecho "muchas gestiones y de manera discreta", lo que ha desencadenado las críticas de los trabajadores, que le han acusado de "no ser capaz ni siquiera de dar la cara" y de no haber hecho "nada".

Cuando el García Carmona ha insistido si se había reunido con Konecta, el alcalde ha asegurado que había una "reunión pactada con la empresa, a la que ellos –los trabajadores- decidieron no acudir". Una respuesta que de nuevo ha provocado las críticas, recordando los trabajadores que rechazaron asistir a una reunión con el alcalde, "no con la empresa", después de que les acusase de "violentos", por su actuación junto a la plantilla de Sniace en el pleno del 1 de octubre.

El enfrentamiento ha concluido con el alcalde advirtiendo a los trabajadores que si hoy no se habían producido "consecuencias indeseadas" para muchos de ellos, fue por su voluntad de "respetar a todo el mundo", lo que ha recibido esta vez críticas de los amenazados y de la oposición, que le pedía explicase a "qué consecuencias" se refería.

El PSOE también ha preguntado al alcalde por sus gestiones en este asunto, ante el Gobierno regional, el Banco Santander y Konecta, pero aunque la portavoz socialista, Lidia Ruiz Salmón, ha dicho que "los trabajadores se merecen una respuesta", Calderón se ha limitado a decir que dará cuenta por escrito.

Durante la sesión, los trabajadores, desde dentro y fuera del salón plenario, han proferido algunos gritos de "Calderón dimisión" y han reprochado durante las intervenciones las, a su juicio, nefastas consecuencias de las políticas del PP para el empleo en Torrelavega y en Cantabria.

La plantilla tiene de plazo hasta el jueves, día 5, para comunicar a la empresa si aceptan el inmediato traslado a Valladolid o si piden la extinción de su contrato. En la asamblea han acordado esperar hasta el último día para entregar las cartas de extinción, confiando en que el Juzgado acepte medidas cautelares, como ya hizo en su momento, paralizando el traslado hasta que esta semana ha salido la sentencia.

Tras la asamblea, y una vez que los trabajadores salieron de las instalaciones, Konecta ha echado definitivamente el cierre a su centro torrelaveguense. La empresa comunicaba en la mañana de ayer, 24 horas después de conocerse la sentencia del Juzgado de lo Social Número 5 de Santander a su favor, que la plantilla ya no tenía que volver a su puesto.

Golden Line, que hasta agosto gestionaba el call center y la atención telefónica para Vodafone, tiene alquiladas las instalaciones que ocupa en la calle Marqués de Santillana hasta el 15 de diciembre, aunque había dado de plazo a Konecta hasta el 1 de diciembre para dejarlas libres. En los próximos días Golden Line procederá a desmantelar las dependencias que ha ocupado los últimos cinco años.

Dirección y comité de Solvay alcanzan un preacuerdo para el convenio colectivo 2013-2014 y la salida de 80 trabajadores

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La dirección y el comité de Solvay han llegado a un preacuerdo para la firma del convenio colectivo 2013-2014, que incluirá la reestructuración de la empresa y la salida de 80 trabajadores de la factoría de Barreda, en principio la mayoría de ellos mediante prejubilaciones.

Empresa y sindicatos han pactado posponer a 2015 la negociación sobre los 12 puestos restantes, hasta los 92 que en principio pretendía amortizar Solvay, una vez que la compañía aclare otras cuestiones relativas a  la  seguridad,  carga de trabajo, inversiones y reorganización de tareas.

El preacuerdo prevé el mismo incremento salarial pactado en el XVII Convenio General de la Industria Química, el mantenimiento de la jornada laboral en 1.724 horas anuales hasta 2014, y un aumento lineal de los pluses de relevo, que serán de 5 euros mensuales este año y de 3 el próximo.

A través de un comunicado, la empresa ha explicado que el preacuerdo, alcanzado en la noche del pasado viernes, deberá ser ratificado por las secciones sindicales del comité y, si es aceptado, el convenio se firmará el próximo jueves, 5 de diciembre.

El acuerdo para la reestructuración incluye la salida de 80 trabajadores hasta 2014 y la negociación en 2015 de 12 puestos más, que el comité no ha aceptado reducir hasta que la empresa no clarifique las inversiones que va a realizar y la reorganización de tareas en la factoría.

El convenio contempla que los trabajadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1953 se podrán prejubilar a partir de 62 años, mientras que los nacidos en 1954 tendrán la posibilidad de hacerlo con 61 años en 2015. Las condiciones de salida para cada colectivo y para cada edad serán las pactadas entre empresa y comité, aunque se prevé un incremento del 20,6 % respecto a las que existían con anterioridad.

Además, Solvay se compromete a contratar una persona por cada seis salidas que se produzcan, así como la conversión a indefinidos de los seis contratos temporales existentes en la plantilla. Respecto a las bajas de larga duración en los puestos de trabajo de fabricación, la empresa también se compromete, a  realizar  la  contratación  temporal  de  una  persona  para  sustituir  las  bajas  por  IT  que se prolonguen por más de tres meses de duración.

Igualmente en el plan de reestructuración se crea la unidad técnica que englobará los subunidades de mantenimiento de sectores, departamentos especialistas y sala de estudios, cuyo personal pasará a trabajar a partir del 1 de enero de 2014 en horario continuado desde las 7.00 horas.

El texto acuerda el pago de una prima de mejora de la competitividad que aumenta el 0,2 % sobre las tablas salariales de 2014, y otro 0,2 % sobre las que correspondan al año 2015. Asimismo se acuerda crear un plus de actividad ligado al absentismo individual, de forma que en febrero de cada año se abonará una única paga de 215 euros a la que se le practicarán las detracciones correspondientes a las ausencias del año natural anterior.

Konecta echa el cierre 48 horas después de hacerse pública la sentencia judicial a su favor

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Menos de 24 horas para comunicar el traslado a la plantilla y 48 horas para echar el cierre en el call center de Torrelavega. Konecta no ha dejado enfriar la sentencia que desestima la demanda de los trabajadores contra el traslado y este viernes cerrará definitivamente sus instalaciones en la capital del Besaya, dando de plazo hasta el jueves, día 5, para que cada operario confirme si se marcha a Valladolid o pide la extinción del contrato.

La reacción no ha sido igual de rápida por la parte institucional y hasta ahora nadie del Gobierno regional se ha puesto en contacto con los trabajadores. "Desde que conocimos la sentencia hemos estado llamando y nos dicen que las personas con las que tenemos que hablar no están, están de viaje o directamente no cogen el teléfono", ha explicado la portavoz del comité, Raquel Saiz, a HoyTorrelavega.

"El Gobierno regional nos ha dejado desamparados, nos ha abandonado", ha lamentado Saiz. En su opinión, las conversaciones que mantuvieron hace unos meses con responsables de la Consejería de Industria, en las que les hablaron de gestiones para conseguir que Konecta siguiera en Cantabria y de planes de recolocación si eso no era posible, "son muchas palabras bonitas para tenernos callados, pero a la hora de responder, nada".

Saiz ha destacado que tampoco el alcalde ni ningún miembro del equipo de Gobierno de Torrelavega han contactado con ellos para trasmitirles apoyo. "No nos ha llamado nadie", ha subrayado.

Los hechos se han sucedido con rapidez desde que en la mañana de ayer miércoles se comunicaba a las partes la sentencia del Juzgado de lo Social Número 5 de Santander que daba la razón a Konecta y fallaba que la movilidad geográfica y las razones organizativas argumentadas por la empresa se ajustan a derecho. Sin cumplirse 24 horas, al inicio de la mañana de hoy jueves, la empresa empezaba a entregar a los trabajadores las cartas en las que se informa de su traslado.

Al tiempo, Konecta también comunicaba a la plantilla que no era necesario que acudieran a su puesto de trabajo ni el turno de tarde de este jueves ni mañana viernes, salvo aquellos que todavía tengan que recoger su orden de traslado.

La precipitación de los acontecimientos ha motivado que la plantilla haya decidido adelantar la asamblea –en principio prevista para el sábado- y se reunirán mañana a las 11.00 horas.

La portavoz del comité, Raquel Saiz, ha señalado a HoyTorrelavega que se presentará recurso contra la sentencia y se pedirán medidas cautelares, para que no se haga efectivo el traslado hasta que no se falle el recurso. La petición de cautelares se debe a que el recurso no tendrá efecto en aquellos casos donde el trabajador pida la extinción de su contrato. "En cualquier caso, recurriremos, para que en caso de que sea favorable siente precedente para otras empresas", ha dicho.

El sentir de la plantilla en estos momentos, ha explicado la representante sindical, es "de rabia, de impotencia, de frustración" y de mucha preocupación "porque nos vamos a la calle y con la situación de desempleo que hay en Torrelavega, ¿qué vamos a hacer?".

Saiz ha señalado que la mayoría de los trabajadores ya han expresado que optarán por la extinción de sus contratos, porque su situación personal no es compatible con el traslado a Valladolid. Sobre todo, añade, porque Konecta no da ninguna garantía de mantenimiento del puesto de trabajo una vez trasladados, "y sabemos que en Valladolid también ha habido algunos despidos".

El comité pide al juez ser administrador concursal ante las maniobras “fraudulentas” de Sniace para dejar a la plantilla fuera del proceso

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El comité de Sniace ha presentado un recurso de reposición para personarse como administrador en el concurso de acreedores, después de que la empresa haya actuado "fraudulentamente" para dejarles fuera del proceso, "ocultando deliberadamente" al Juzgado la deuda de más de 9,5 millones de euros que tiene con la plantilla y provocando así una situación de indefensión a los trabajadores.

En dicho recurso, se subraya que sólo la ocultación de que la empresa adeuda a los trabajadores 9,5 millones de euros en concepto de un paga extraordinaria y la totalidad de las indemnizaciones puede explicar "que no exista la más mínima alusión a la misma en el auto que se recurre", mientras que su existencia se acredita en el informe de gestión del tercer trimestre en el que la propia empresa hablad de "un gasto cercano a los 9 millones de euros, en caso de despido si el ERE en tramitación acaba sin acuerdo".

El recurso de reposición, al que ha tenido acceso HoyTorrelavega, contra el auto del Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Madrid en su disposición relativa al nombramiento de los administradores del concurso de acreedores para el Grupo Sniace, se registró el pasado 28 de noviembre. El juez designaba en este auto como administradores a un representante del Banco Sabadell, en nombre de los acreedores, y a un representante de la CNMV.

La dirección de Sniace se reunió el pasado 6 de noviembre con el comité para acercar posturas y pedir su colaboración en el proceso concursal, comprometiendo un inmediato encuentro que no ha llegado a celebrarse. Ante la actitud de la empresa, y una vez conocidas sus actuaciones en la tramitación del proceso para "deliberadamente" excluirles del mismo, el comité ha tomado la decisión de solicitar al juez su nombramiento como administrador concursal, como única forma de garantizar al defensa de los intereses de los trabajadores.

La petición del comité se basa en la mala fe con la que habría actuado Sniace al "huir del marco legal" y ocultar información al juez en la tramitación del concurso, y en el "atropello" de la empresa al derecho fundamental de libertad sindical y de negociación colectiva, para impedir que la administración concursal pudiera tratar con la plantilla la futura viabilidad de la factoría.

El documento incide en que la empresa procede, con posterioridad a la solicitud voluntaria del concurso de acreedores, al despido de la plantilla y su representación legal, "dejando en tierra de nadie a todos ellos, sin capacidad de negociar cualquier tipo de medida de flexibilidad interna (suspensión de contratos) o incluso externa (despidos) con la administración concursal correspondiente".

Del mismo modo, se señala que la empresa "se cuida muy mucho" de no reconocer en sus balances la deuda de más de 9 millones correspondiente a las indemnizaciones a sus empleados, para "impedir que la trascendencia del concurso y el volumen de su deuda legitimara a la representación legal de los trabajadores para administrar concursalmente la empresa".

El recurso presentado por el comité, a través de su representante jurídico, Ricardo González de la Lastra, plantea si "¿puede un consejo de administración autorizar despidos cuando ya ha tomado la decisión de presentar un concurso de acreedores o debe dejar esta ingrata tarea y cualquier otra de similar trascendencia a la administración concursal que se nombre?" o si "¿puede no reconocer el pasivo generado, informando de inmediato al Juzgado de lo Mercantil que las empresas concursadas ya no tienen plantilla y han generado 9,5 millones de pasivo?"

También se destaca que la dirección del Grupo Sniace "ataca directamente el derecho fundamental a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva", ya que la empresa despide a los trabajadores y a sus representantes legales "antes de que los administradores concursales se pongan en contacto con ellos y, además, obviando la contabilización de la deuda que se mantiene con la plantilla", con el objetivo de "impedir que durante el concurso consigan acceder a la administración concursal de la empresa".

Para argumentar el intento del Grupo Sniace de "huir del marco legal del concurso", el recurso conocido por HoyTorrelavega recoge que la dirección "multicopia una misma carta de despido 533 veces, conteniendo la misma un cúmulo de irregularidades directamente proporcional a la extensión de las justificaciones del despido", y comunica los despidos antes de cuantificar la indemnización y obligando a una demanda para que el juez las fije con exactitud.

Todo ello, cuando la empresa, "en la propia comunicación del despido remite a los despedidos al FOGASA y a la administración concursal para el cobro de sus créditos salariales".

Para los recurrentes, "parece imposible la pretensión empresarial de un proceso concursal de continuidad actuando tan grosera y fraudulentamente". Así, consideran que la consecuencia jurídica debe ser "la aplicación de la norma que se ha tratado de eludir y que prioriza a la representación legal de los trabajadores para la designación de un segundo administrador concursal".

El auto recoge además que, desconociendo la documentación que la empresa pueda haber presentado en su solicitud de concurso voluntario, "lo cierto es que la futura viabilidad de todo el grupo Sniace no dependen del despido de la totalidad de sus empleados", sino de la solución a sus "graves problemas financieros (encauzados a través del concurso de acreedores), industriales (sobre los que el Gobierno de España y de Cantabria se han comprometido a colaborar) y urbanísticos", en los que el Ayuntamiento de Torrelavega "tiene mucho que decir".

Con todo ello se valora que para la futura viabilidad de Sniace es imprescindible la colaboración de los trabajadores, la dirección, "la actual o la que surja tras el concurso", y de las administraciones públicas, teniendo en cuenta los públicos ofrecimientos de colaboración tanto del Ayuntamiento de Torrelavega como del Gobierno de Cantabria, "aunque esa no parecer ser la actual opinión" de la empresa.

Además de los argumentos legales, jurídicos y empresariales, el recurso de reposición dedica un punto a la "especial trascendencia" del concurso de acreedores de Sniace, tanto por el número de trabajadores afectados, 533, como por la repercusión de la empresa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El documento señala que, según datos del Instituto Cántabro de Estadística, Sniace emplea a más de un tercio de los asalariados del sector químico de la región y da ocupación directa al 1,8% de los trabajadores del sector industrial de Cantabria.

Igualmente, en base a un estudio de la Universidad de Cantabria, se apunta que la actividad industrial de Sniace origina el 2,21% del PIB de Cantabria; genera empleo al 0,84% de la población activa (1% de la población ocupada) de la región; tiene un impacto directo en la economía cántabra de más de 20 millones de euros anuales; aporta a Cantabria, por compras e inversiones, otros 46 millones de euros y unos 1.030 puestos de trabajo; y por empleo inducido genera el pago de 7 millones de euros en concepto de nóminas de alrededor de 414 empleos a jornada completa.

Datos, prosigue el auto, que dan cuenta de la trascendencia económica y social de Sniace para Torrelavega y Cantabria, que también se refleja en el impacto en los medios de comunicación de la problemática generada por la crisis de Sniace y en cómo las instituciones políticas y sociales de la región se han volcado con sus trabajadores y su viabilidad futura.

Por todos estos hechos, y recogiendo los fundamentos de derecho, el auto de reposición solicita al magistrado del Juzgado Mercantil Nº2 de Madrid, proceda al nombramiento del comité como administrador concursal para la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores y su participación en el control directo de las decisiones que se tomen en aras de la continuidad de la actividad empresarial.

Los trabajadores de Sniace tienen un mes para acreditar en el concurso de acreedores las cantidades que les adeuda la empresa

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Las empresas y entidades acreedoras de Sniace tienen un plazo de un mes para comunicar al administrador concursal los créditos que les adeuda el grupo empresarial. Eso incluye a los más de 500 trabajadores despedidos el pasado mes de septiembre, a los que Sniace les adeuda diferentes cantidades en concepto de indemnización por la rescisión de los contratos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy, a instancias del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid, que los acreedores tienen un mes de plazo para comunicar las deudas de Sniace, Viscocel y Celltech al administrador concursal José Luis Ramos Fortea.

Fortea es el administrador propuesto por el Banco Sabadell, en nombre de los acreedores, mientras que el otro administrador concursal, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es la Agrupación de Interés Económico (FTI Consulting Spain, Penta Legis, Peñafort Legal y Financiero, Audalia Auditores y AIE en Constitución), liderada por FTI Consulting Spain.

En los próximos días los trabajadores irán recibiendo las cartas en las que la empresa les comunica las cantidades que les adeuda en concepto de indemnización. El comité de empresa celebrará en los próximos días una asamblea para informar a la plantilla de los pasos que deben dar para reclamar en el proceso concursal esa deuda, ya que en caso contrario no cobrarían sus indemnizaciones.

La dirección de Sniace no ha fijado todavía fecha para la reunión pendiente desde el pasado mes de octubre, cuando Miguel Gómez de Liaño se reunión con el comité y emplazaron un nuevo encuentro para retomar las conversaciones. El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha asegurado a HoyTorrelavega que la reunión no está suspendida, como ha confirmado la propia dirección que argumenta trámites jurídicos y burocráticos derivados del proceso concursal dificultan encontrar una fecha para celebrar el encuentro.

El concurso de acreedores fue solicitado de forma voluntaria por la propia empresa ante el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid, que el pasado 17 de octubre emitió un auto aceptando el proceso concursal. El concurso decretado por el juez permite a Sniace seguir disponiendo y administrando su patrimonio, pero bajo la tutela de los administradores concursales, José Luis Fortea y FTI Consulting Spain.

Sniace comunicó a la CNMV en su informe trimestral del pasado 14 de octubre unas pérdidas en los primeros nueve meses del año de 55,2 millones de euros, cifra que incluye el aprovisionamiento de 9 millones por las indemnizaciones por la extinción de contratos de la plantilla –que ha presentado demandas individuales por despido improcedente- y que supone sextuplicar las pérdidas registradas en el mismo periodo de 2012.

En esa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de valores, Sniace explicaba que el concurso de acreedores se presenta para tratar de alcanzar con sus acreedores acuerdos para, mediante quitas y aplazamientos, poder hacer frente a sus deudas y a una situación financiera que se ha ido "deteriorando progresivamente".

La documentación también detalla que desde el pasado 9 de septiembre el grupo Sniace tiene suspendida de forma cautelar la cotización de sus acciones.

Los tribunales anulan el despido de tres trabajadores de Bridgestone y declaran improcedente el de un cuarto operario

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El Juzgado de lo Social Número 3 de Santander ha declarado nulos los despidos de tres trabajadores de Bridgestone e improcedente el de un cuarto, condenando a la empresa de Puente San Miguel a readmitir y pagar los salarios desde su salida de la factoría hasta la fecha en el primer caso, y a aumentar la indemnización en el otro. La sentencia no es firme y la empresa puede recurrirla.

Los cuatro trabajadores fueron despedidos dentro del expediente de extinción de empleo para 81 personas que Bridgestone aplicó en diciembre de 2012, como parte de un proceso de reestructuración debido a la caída de la venta de neumáticos y que supuso una reducción del 16% de su plantilla.

La sentencia, a la que ha tenido acceso HoyTorrelavega, se condena a la multinacional a readmitir a los tres trabajadores cuyo despido declara nulo y al pago de los salarios correspondientes desde el 1 de enero de 2013 hasta el fallo judicial. Para el otro operario, se impone el aumento de la sanción, desde los 42 días por año trabajado pactado en el expediente de extinción hasta los 45 días por año que marca la ley en los despidos improcedentes.

El titular del Juzgado Número 3 de lo Social considera en su fallo "razonablemente sospechoso" que la empresa justifique los tres despidos ahora anulados en una productividad menor que la del resto de trabajadores que no ha podido acreditar y cuando poco antes estos operarios habían sido ascendidos.

Para el magistrado, hay una "certeza" de que la multinacional se basó en una "libre valoración" al decidir prescindir de estos tres trabajadores frente a otros miembros de la plantilla. También considera "significativo" que el ERE afectase a "gran número de afiliados a Comisiones Obreras", sindicato al que pertenecían los tres despedidos.

Estos trabajadores, como recoge la sentencia, manifestaron en el tribunal que Bridgestone les incluyó en el ERE de extinción de empleo como respuesta a su participación en varias causas penales que tiene uno de ellos contra la empresa y en las que los otros dos operarios participaron como testigos.

En el caso del trabajador cuyo despido se declara improcedente, la sentencia señala que el criterio empleado por la multinacional para justificar su inclusión en el ERE, una dolencia auditiva, adolece de una "obvia subjetividad". La sentencia en este caso ofrece a la empresa la posibilidad de admitirlo y pagarle los salarios atrasados o aumentar la indemnización, pasando de 42 a 45 días por año trabajado.

El juez acaba con las esperanzas de los trabajadores de Konecta y da la razón a la empresa

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El Juzgado Número 5 de lo Social de Santander ha desestimado hoy la demanda presentada por los trabajadores de Konecta contra el traslado decretado por la empresa y ha fallado que la decisión de movilidad geográfica se ajusta a derecho. La sentencia, que supone el inmediato levantamiento de las medidas cautelares que paralizaban el traslado a Valladolid, acaba con las esperanzas de los 150 trabajadores del call center de Torrelavega que confiaban que el juez impidiera llevar a cabo lo que ellos siempre han calificado de "despido encubierto".

Los trabajadores tienen ahora un plazo de cinco días para recurrir la sentencia y para tomar la decisión celebrarán el próximo sábado, 30 de noviembre, una asamblea. Entre otras cosas, deberán valorar que el recurso, en caso de ser favorable, no será de aplicación para aquellos trabajadores que rechacen el traslado y pidan la rescisión voluntaria del contrato, ha explicado Raquel Saiz a HoyTorrelavega, portavoz del comité.

La sentencia rechaza todos los argumentos de los representantes legales de los trabajadores, que planteaban que se había producido fraude de ley, mala fe en la negociación y que el traslado obedecía a razones económicas, y no organizativas como siempre ha defendido Konecta. Aunque el juez reconoce que la empresa conseguirá con esta medida un importante ahorro económico –unos 250.000 del alquiler del local que ocupa-, pero considera fundado que la motivación fue organizativa, para concentrar en Valladolid toda su plantilla.

La portavoz del comité ha señalado que se la sentencia es varapalo para las esperanzas de la plantilla, que confiaba en que el juez les permitiera seguir trabajando en Torrelavega. Ahora, esperan que en las próximas horas la empresa les comunique cuando será efectivo el cierre del call center de Torrelavega y el traslado a Valladolid.

CCOO ha calificado como "muy negativa y frustrante" la sentencia que hoy se ha hecho pública. "Desgraciadamente, el fallo de esta sentencia conlleva que más de 150 familias de la comarca del Besaya se enfrenten a una dura decisión: trasladarse a Valladolid con un sueldo que no llega a los 900 euros en la mayoría de los casos o quedarse en su casa en el paro", ha dicho la secretaria general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos, Comfía, Marta Careaga.

La representante de CCOO, a través de un comunicado, ha afirmado que "no es justo" que una empresa que está obteniendo beneficios económicos año tras año traslade, "de la noche a la mañana" a 150 familias a más de 200 kilómetros de distancia, sobre todo, en este periodo de crisis, cuando es "casi imposible" vender una casa. "¿Qué van a hacer las personas que tengan aquí una vivienda hipotecada?, ¿cómo van a hacer frente al pago de la hipoteca y a un alquiler en Valladolid con menos de 900 euros al mes?", se ha preguntado Careaga.

Además, considera que esta sentencia también es un duro golpe para la comarca del Besaya, una zona "fuertemente golpeada" por la crisis, ya que el consumo se verá reducido y las consecuencias de este traslado van a afectar a todos los sectores de la zona.