Economía
El número de jubilaciones y el salario social es lo único que separa a empresa y comité de Sniace para cerrar un acuerdo
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- Publicado el Viernes, 27 Mayo 2016
- Escrito por HoyTorrelavega
El número de prejubilaciones mediante contrato relevo, 42 o 55, y la cuantía del salario social, 680 o 400 euros, son los únicos puntos que separan a la empresa y a los representantes de los trabajadores para cerrar el acuerdo laboral en Sniace. Si las diferencias son insalvables o si se podrán limar posturas se verá el próximo martes, día 31, que la fecha que han puesto empresa y trabajadores para concluir la negociación del documento que regirá la relación laboral para la reapertura de la fábrica de Torrelavega.
El comité ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que acudan a la reunión del martes, prevista a las 17.00 horas, porque en cualquier momento se podría someter a su decisión el dar por finalizada la negociación o llegar a un preacuerdo. En cualquier caso, el acuerdo definitivo se someterá a la decisión de la plantilla al día siguiente.
La reapertura se plantea ya como certeza, una vez que Sniace ha cubierto en la primera fase de la ampliación de capital los 15,6 millones de euros que necesitaba para reanudar la producción. Al mismo tiempo que empresa y trabajadores mantenían su cuarta reunión negociadora, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicaba la comunicación en la que Sniace 'presumía' de haber vendido en la primera fase, la reservada a los accionistas, el 98,24% de las acciones de la ampliación y tener que prorratear las restantes entre las 165 peticiones para invertir en la segunda etapa.
Mientras se hacía público el éxito de la ampliación, contra la mayoría de los pronósticos y a pesar de las precauciones que la propia CNMV había recomendado a los inversores antes de poner dinero en una empresa tres años cerrada y que ha superado un concurso de acreedores, dirección y trabajadores negociaban las condiciones de vuelta de la plantilla a la fábrica.
Aunque la necesidad de presentar el acuerdo laboral ante el Tribunal Supremo se desinflaba bastante tras anunciar la empresa el pasado martes que la reversión de los despidos para toda la plantilla era económicamente inasumible, por los costes de Seguridad Social y reposición del desempleo, la homologación por el alto tribunal sigue siendo necesaria para dar cobertura legal a los trabajadores prejubilables, para los que sí podría haber reversión. Además, el comité insiste en la necesidad de que el Supremo homologue el documento como garantía de que la empresa cumplirá lo pactado.
El comité (UGT, SUC y CCOO) presentaron hoy una contraoferta a la propuesta que el pasado martes planteó la empresa. Frente a las jubilaciones mediante contrato relevo que la empresa ofrece a 42 trabajadores -los únicos para los que habría reversión de los despidos-, los sindicatos piden que se incluya a 57 personas.
En cuanto a lo que se ha venido llamando "salario social", la empresa ofrecía 400 euros mensuales, en la contraoferta el comité reclamaba los 800 que inicialmente se estipuló en el acuerdo laboral de Burgos firmado hace año y medio. Durante la reunión que este jueves se ha prolongado durante cuatro horas, los sindicatos ya aceptaron rebajar esa cifra a 680 euros, para los que ahora esperan respuesta de la empresa.
El salario social, que inicialmente se planteó como una ayuda a los trabajadores a medida que fuesen agotando el desempleo hasta su reincorporación efectiva a la fábrica, perderá esa denominación en el acuerdo laboral. Legalmente la empresa no puede pagar a un trabajador con el que no le une un contrato, por lo que esa retribución económica, sea cual sea al final su cuantía, será simplemente un "salario".
La fórmula legal será un contrato indefinido a tiempo parcial para toda la plantilla a partir, con toda probabilidad, del 1 de julio, que se convertirá en contrato indefinido a tiempo completo cuando se abran las dos plantas: Celulosa a finales de agosto o principios de septiembre y Viscocel unos nueve meses más tarde.
El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha explicado que el comité ha exigido que el acuerdo contemple ya las fechas exactas de la arrancada de las plantas y la fecha en la que se incorporarán los trabajadores a cada una de ellas. También reclaman que las prejubilaciones por contrato relevo sean optativas, y que los relevistas que perdieron su empleo sin derecho a indemnización tras el despido de la plantilla y que el comité siempre ha "contado como parte de la plantilla" sean incorporados en la reapertura.
Además, los sindicatos reclaman que "el espíritu de Burgos siga presente" en el nuevo acuerdo en cuanto a las condiciones laborales y salariales durante los años siguientes a la reapertura. Entre otras cosas, porque cuando la fábrica vuelva a funcionar por ley no habrá comité hasta trascurrido medio año y "la empresa podría hacer un auténtico desastre con los derechos de los trabajadores", ha señalado Pérez Portilla.
Para ello, reclaman que se mantenga un convenio de seis años de duración, tres de congelación salarial y otros tres de subida del IPC y 0,5%, con 8 horas de reducción de jornada en el último. En cuanto a la congelación salarial, era del 15% para los obreros, 17,5% para los mandos intermedios y 20% para los directivos. "No pedimos más, pero tampoco queremos menos", afirma el portavoz sindical.
El único matiz al respecto es que se mantenga la cuantía económica de la antigüedad, un plus que perderán al volver a la fábrica tras ser despedidos y que sí se contemplaba en el acuerdo anterior. Los trabajadores piden que, una vez aplicada la rebaja salarial establecida, seguir percibiendo la cuantía económica bajo otra denominación.
Otras peticiones del comité, como adelantar el pago de la indemnización por despido establecida en el concurso de acreedores, han sido rechazadas por la empresa, argumentando la imposibilidad legal de dar un trato de favor a los trabajadores frente al resto de acreedores.
En estas reuniones negociadoras está participando el sindicato USO, que tras el despido en 2013, aduciendo que cerrada la empresa ya no había representación laboral, se desvinculó voluntariamente del comité y de todas las acciones y movilizaciones que han realizado durante estos tres años para lograr la reapertura, y que tampoco firmó el acuerdo de 2014. En la reunión de hoy, USO ha presentado una única propuesta de forma verbal, pidiendo que se pague la Seguridad Social por estos tres años a todos los mayores de 50 años. Su exigencia de una reunión para que la empresa valore dicha propuesta ha retrasado al martes el cierre de la negociación.
La cuarta y ya definitivamente penúltima reunión negociadora se ha prolongado durante cuatro horas, y después la asamblea de trabajadores ha concluido pasada la medianoche.