Economía

El comité espera que Sniace detalle el martes la “hoja de ruta” de la que hasta ahora sólo ha concretado las prejubilaciones

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El próximo martes, día 19, la dirección y el comité de Sniace volverán a reunirse, aunque como viene siendo costumbre en los últimos encuentros la empresa no ha detallado el lugar ni la hora, aunque sí ha confirmado que será por la tarde. La reunión debe servir para que el presidente de Sniace, Blas Mezquita, detalle esa "hoja de ruta" para el posible acuerdo laboral, de la que hasta ahora el comité sólo conoce la parte de las prejubilaciones.

La empresa ya tiene en sus manos todos los datos de los 102 trabajadores en edad "prejubilable" según la última propuesta de Sniace, los que en diciembre tengan entre 58 y 63 años, y también habrán comunicado su decisión aquellos que opten por no entrar en la póliza de jubilación y cobrar la indemnización, cuya cuantía definitiva también debe determinarse.

El comité solicitó hace semanas una reunión para conocer el resto de lo que Mezquita ha dado en calificar como "hoja de ruta", especialmente tras conocer que el plan había sido aprobado por el Consejo de Administración de Sniace, con la asistencia de los administradores concursales, pero no se había presentado exclusivamente a estos para conocer su decisión, como había comprometido el presidente.

La última reunión entre dirección y sindicatos se celebró el pasado 24 de julio, en Madrid, y en ella la empresa, dando un giro en la postura mantenida hasta ahora, presentó la primera parte de su propuesta de cara a un acuerdo con la plantilla.

Esa primera parte de la propuesta se centró bajas incentivadas y prejubilaciones, que se rebajan tanto en número como económicamente. Así, se sube la edad de jubilación de los 57 a los 58 años, hasta los 63; con un neto que baja del 85 al 80%, y desaparece la cláusula de revalorización anual del 1%.

Con estos ajustes la empresa calcula rebajar entre 2 y 3 millones de costes a la Seguridad Social, lo que dejaría el montante global del plan laboral entre 10 y 12 millones de euros.

El posible acuerdo debería ser autorizado por la Audiencia Nacional, antes de que se haga firme la sentencia que declara la legalidad de los despidos de septiembre. El paso sería revertir ese expediente de extinción de empleo y convertirlo en uno de regulación temporal.

Respecto a otras cuestiones, como los salarios sociales que cobrarían los trabajadores a los que se acabe el paro hasta la arrancada efectiva de las fábricas o las condiciones económicas de los que se reincorporen, en principio no se habrían modificado respecto a la última propuesta presentada por el comité, pero debe ser la empresa la que aclare –los sindicatos esperan que el martes- cómo quedarían esos puntos.

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