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El Gobierno firmará un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos para regular las responsabilidades en la ejecución de sentencias de derribo

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PielagosAyto05

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos para regular las obligaciones y responsabilidades de cada una de las dos administraciones en la ejecución de las sentencias de derribo, que afectan a 80 viviendas en este municipio, entre las que no se incluyen las edificaciones del alto del Cuco.

El acuerdo regulará, entre otras cosas, las liquidaciones de deuda que se deriven del desarrollo de la propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición, realizada por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos en septiembre de 2011.

El convenio aprobado hoy por el Gobierno tiene un doble objetivo. Por un lado, articular el esquema básico de proceder para colaborar en el cumplimiento de la propuesta de ejecución de sentencias y establecer el reparto de las obligaciones de cada una de las administraciones para resolver los procedimientos y cumplir con su obligación solidaria de responsabilidad frente a terceros.

Por otro lado, se pretende articular el modo de resolver los procedimientos de responsabilidad frente a terceros, para posteriormente liquidar las cantidades en que la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Piélagos incurran en la ejecución de las sentencias, velando por el respeto a la responsabilidad legal que internamente les corresponda en función de lo ya determinado en los expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados.

En el caso del Ayuntamiento de Piélagos, las obligaciones que establece el convenio son adoptar las medidas necesarias para proceder a la aprobación definitiva del PGOU que se encuentra en tramitación, concediendo en el caso de que resulten compatibles con la nueva ordenación nuevas licencias a las viviendas afectadas por orden de demolición; realizar todas las actuaciones tendentes a la demolición en el caso de que sea preciso ejecutar las órdenes de derribo; y compensar siempre que la legalidad lo permita los tributos y exacciones de todo tipo que hayan de liquidarse por la concesión de las nuevas licencias que puedan otorgarse.

Además, obliga al Ayuntamiento a aportar suelo que se integre, al ejecutar el planeamiento, en el patrimonio municipal de suelo, con cargo a su cuota de responsabilidad, para su utilización como mecanismo de indemnización en especie; habilitar suelo en los instrumentos de planeamiento que tramite para hacer factible la terminación convencional de los expedientes de responsabilidad patrimonial mediante la entrega de nuevas viviendas a los afectados que lo deseen; y colaborar en la tramitación de todos los expedientes de responsabilidad y realojo.

Igualmente, el Ayuntamiento deberá promover los incidentes que resulten de los expedientes de autorizaciones provisionales concedidas; redactar los proyectos con cargo a su cuota de responsabilidad y resolver los expedientes de licencia para las viviendas a edificar para proveer las indemnizaciones en especie que se pacten; y coordinar con el Gobierno su actuación material y los criterios de resolución de los expedientes a través de la comisión que a tal fin se creará, para ejecutar las tareas y alcanzar los objetivos que se marcan de manera coordinada, coherente y eficaz.

En cuanto a las obligaciones del Gobierno de Cantabria que establece el convenio, figuran colaborar con el Ayuntamiento de Piélagos para la aprobación definitiva del PGOU en tramitación; y asumir en caso necesario la construcción de las nuevas viviendas de sustitución, o el importe de las indemnizaciones económicas que procedan.

El Ejecutivo regional también deberá asumir el coste de las indemnizaciones que procedan en materia de responsabilidad patrimonial por daños morales; tramitar en colaboración con el Ayuntamiento los expedientes de responsabilidad patrimonial con aquellos propietarios que manifiesten su voluntad de llegar a una solución convencional; y planificar la colaboración con el Ayuntamiento en la realización ordenada del conjunto de actuaciones a ejecutar, procurando el realojo y la indemnidad de los afectados antes de proceder a la demolición.